El Presidente cocina un golpe y el Congreso lo paga

La diferencia esencial entre Gobierno y Congreso es que el primero recibe un mandato de ejecución, debe priorizar las necesidades del país, guiándose por su perspectiva ideológica, para destinar sus escasos recursos en dos o tres grandes proyectos que se constituyan en “su legado”. En cambio, el Congreso tiene el mandato de ejercer control político sobre el Gobierno y participar en el proceso legislativo, tratando de conciliar criterios para obtener los votos necesarios, y así tratar de satisfacer a los electores de cada uno de los grupos allí organizados. Su influencia en la acción gubernamental es muy limitada, incluso para las bancadas oficialistas.

Lo curioso en el Perú es que, desde 2016, los gobiernos pierden rápidamente legitimidad y son severamente cuestionados, en parte porque prefieren ignorar que el verdadero respaldo ciudadano se ve reflejado en la primera vuelta, pues la segunda es de simple descarte sin compromiso ni identidad alguna; y luego, porque llegaron a Palacio arrastrando su vergonzoso compromiso con Odebrecht; y, en el caso de Castillo, por su sorprendente indiferencia en disimular sus actos ilegales, coronados por una desesperada proclama de golpe de Estado ante todos los canales de TV, la que incluía reorganizar el PJ, el TC, a JNJ y el MP, además del cierre inconstitucional del Congreso. Y claro, casi nadie siguió las órdenes, solo sus prefectos y subprefectos, algunos gobernadores regionales y dirigentes de mineros ilegales, quienes ejecutan lo planificado desde la PCM, el anunciado “correrán ríos de sangre” no es otra cosa que el desarrollo del golpe de Estado convocado por su socio en Palacio, en una conocida versión bolivariana de subversión por desgaste.

¿Por qué debe autodisolverse el Congreso? El artículo 115 de la Constitución es claro, se refiere a la crisis del Gobierno en el Capítulo dedicado al Ejecutivo, las elecciones deben ser para cubrir las vacantes en el Ejecutivo. La respuesta son las violentas manifestaciones, prolongación del golpe de Estado, que produjeron activistas muertos al atacar aeropuertos, quemar comisarías, herir a más de 600 policías e incluso quemar vivo a uno. Así, nuestro presidencialismo está mutando hacia un parlamentarismo, pues las crisis severas del Gobierno producen la disolución del Congreso, como si el jefe de gobierno fuese el líder de la mayoría parlamentaria y, por tanto, gabinete y mayoría debiesen asumir la responsabilidad política por igual. He escrito sobre la conveniencia de optar francamente por el parlamentarismo, pero lo que ocurre ahora es una grave distorsión que deteriora nuestra República, debilitando su institucionalidad y consolidando la demagogia como forma de gobierno.