El Perú en sus tiempos más negros: gobernados por una red criminal
Hemos tocado fondo en nuestra miseria. Un programa periodístico que no recibe un ápice de publicidad estatal hace una gravísima denuncia de corrupción contra Castillo, con evidencia contundente, y no pasa nada. El país amanece como un lunes cualquiera. La Contraloría, como siempre, reacciona tarde y la Fiscalía de doña Zoraida, dolosamente incompetente, se sigue burlando de nosotros con sus amagos de investigación, la misma mecánica de impunidad selectiva de siempre. Me pregunto: ¿Dónde están la rabia e indignación ciudadana?
¡No nos podemos resignar a que nos gobiernen delincuentes como el vacado Vizcarra! El Congreso ya no puede ser cómplice de esta ignominia. Los destapes de corrupción no han cesado desde que Castillo asumió el poder, y él ha sido el principal protagonista. El humilde maestrito que rehúye de la prensa y suplicante le pide ayuda a AMLO, tiene un hambre voraz, la codicia lo pierde. La ideología ha sido una simple excusa para capturar el poder y volverse rico, muy rico, como todo sátrapa que se precia. No podemos permitir que engrose la larga lista de indeseables que están destruyendo Latinoamérica. La legislatura ha sido postergada hasta el 17 de enero por lo que, si actúan con la diligencia que su cargo les exige, Castillo debería tener los días contados. Esperemos que AP y APP no se tuerzan nuevamente, que no prevalezca el acomodo, el mercantilismo y las prebendas.
Pero no es solo el cinismo e inmoralidad presidencial lo que está aniquilando al país, la Comisión de Trabajo del Congreso le está dando golpes bajos a la productividad y a la creación de empleo, complicando aún más nuestra pesadísima legislación laboral. Han aprobado un PL que reduciría la jornada laboral a 35 horas por semana. Esto es gravísimo. ¿Qué país sale de una crisis trabajando menos? Peor aún es el PL que busca otorgar mayor protección a los trabajadores sindicalizados, estableciendo que, en caso de despido, necesariamente el Poder Judicial debe determinar si la causal es objetiva y legal. En la práctica se estaría obligando a mantener al infractor en planilla por tiempo indefinido, incrementándose los costos del finiquito. Sin embargo, lo más reprochable fue la abstención del representante de RP. ¿Qué puede ser más frustrante para una sociedad desprotegida que una oposición débil y poco confiable que no guarda ninguna coherencia con su prédica? El gobierno está dinamitando la economía y estamos en absoluto estado de indefensión.
El cierre de Las Bambas es el sueño hecho realidad de cualquier antiminero. Puedo imaginar el regocijo de Mirtha Vásquez. A diferencia de Conga que le implicó una larga lucha desde Grufides, éste no le ha costado mayor trabajo. Tiene como aliado a Wilber Fuentes, el radical dirigente de Chumbivilcas que lideró el bloqueo sobre la base de que la paralización no afectaría a las comunidades, cuando es clarísimo que el canon se verá reducido a la mínima expresión. Los perjudicados inmediatos son los 8,000 empleados que se quedan en la calle y cuyas voces apenas se escuchan. ¿Agachan la cabeza y asumen el daño? Por su lado, los proveedores de la minera demandarán al Estado. No solo será un litigio infernal sino absolutamente politizado, difícilmente lograrán alguna compensación.
Al final todos perdemos, menos la premier. Siempre habrá algún gobierno de primer mundo que siga subsidiando su causa.
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