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El hombre de la maleta

Fecha Publicación: 23/07/2019 - 21:30
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Producida la detención del expresidente Alejandro Toledo, varios medios anunciaron la cobertura televisada de la diligencia judicial en la que se decidiría sí seguía el proceso en libertad bajo fianza o apresado.

Imaginamos la decepción de varios, ya que al llegar el día lo único que se conoció fue un retrato dibujado en el que aparece el magistrado y el exmandatario vestido con el overol rojo de preso y luego una audio que reproduce parte del impecable alegato fiscal y de la fundamentación y resolución judicial que confirmó la orden de detención basada en el riesgo de fuga agravado por los US$ 40,000 en efectivo hallados en un maletín durante el registro de su casa. Hacemos esta introducción para destacar la forma respetuosa y reservada como se llevan a cabo las audiencias en EE.UU. frente a la excesiva y no pocas veces grotesca publicidad con la que se desarrollan las diligencias judiciales en el Perú.

Después de casi año y medio el “caso Toledo” se encuentra ya a nivel jurisdiccional en EE.UU. Para los que trabajamos honestamente durante su gobierno y aún después con la misma integridad hasta que los indicios de su responsabilidad penal hicieron imposible continuar, sólo esperamos que la magistratura norteamericana, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso, y luego el Departamento de Justicia y la Secretaría de Estado, habiliten su entrega para que sea justamente procesado en el país.

Hemos escuchado al exmandatario varias y contradictorias protestas de inocencia y de ser una suerte de chivo expiatorio. Por más inverosímiles que resultan éstas serán los tribunales allá y aquí los que decidirán. Sin embargo, si hay algo de lo que no tenemos duda es que no es un perseguido político. Conforme al Tratado vigente con EE.UU. la extradición es denegada cuando el delito “constituye un delito político”. Está claro que los ilícitos penales que se le imputan no tienen tal naturaleza. Pero hay algo más de igual importancia. El Tratado de marras establece que la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido tampoco concederá la extradición si “la solicitud fue presentada por motivos políticos”. Conforme a la legislación norteamericana, los Departamentos de Estado y de Justicia han calificado previa y positivamente la solicitud y dado luz verde para que pase al fiscal del Distrito y éste al juez federal. La marcha atrás de la Administración estadounidense en esta materia, resulta, pues, más que improbable y la entrega del expresidente un asunto de tiempo. ¡Amén!