El fin del sistema educativo

El sentido común nos informa que, en un Estado democrático constitucional, el ciudadano es el fin de todos los sistemas, desde el administrativo hasta el económico.

De esa forma, la economía tiene por objeto satisfacer las necesidades de las personas, y la administración está al servicio de los intereses de los administrados, jamás al revés.

Por eso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente en favor de la constitucionalidad de las leyes promulgadas por Alan García y Ollanta Humala para fortalecer la carrera magisterial, vinculando la permanencia del docente a las evaluaciones periódicas que el Estado debe realizar, tanto de sus conocimientos como de su compromiso por la continua actualización; del mismo modo que legitimó el ascenso del docente en las diferentes categorías mediante el mérito y no solo por la antigüedad.

Los aumentos de sueldo, entonces, no son indiscriminados, sino premian el esfuerzo del profesional que avanza en su carrera, transformando su lógica aspiración a una mejor calidad de vida en una mejor calidad en el servicio educativo que brinda, en beneficio de la razón de ser de todo el sistema: el escolar.

Significa que el maestro que no aprueba dos o tres veces sus evaluaciones debe ser separado del sistema, dejando su lugar a otro docente más actualizado y más dispuesto a desarrollar su profesión en beneficio directo de sus alumnos.

Y es que el fin del sistema no es dar trabajo a licenciados en educación, sino brindar la mejor formación posible a los niños y jóvenes que necesitan romper el círculo vicioso de la pobreza, adquiriendo habilidades y competencias a fin de poder ofrecer luego a la sociedad bienes y servicios con valor, asegurándose así una mejor calidad de vida y la satisfacción de las necesidades materiales de sus familias.

Lamentablemente, el sindicato más radical de la educación, al que muchos vinculan a Sendero Luminoso, no cree en los beneficios que conlleva el que los docentes se esfuercen en capacitarse, en la necesidad de que la permanencia en el cargo dependa de lograr un estándar mínimo en las evaluaciones.

Por supuesto, no desconocen que la mayoría de las personas superamos nuestros límites solo cuando estamos obligados a ello, y que todos los profesionales estamos sometidos a permanentes evaluaciones de nuestros empleadores; eso les parece explotación y abuso porque se focalizan en defender al profesor mediocre, al que ingresa a la carrera no por vocación sino por la menor exigencia académica, sin que realmente les importe el futuro de los jóvenes ni la reforma educativa.

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