El Estado en el espacio universitario
La verdadera Constitución es un pacto social y político con el que se identifican amplios sectores de la sociedad. Para que ello sea posible, es necesario haber experimentado una progresiva evolución democrática (Reino Unido), una revolución en procura de libertad económica (EEUU), o una grave crisis política (Quinta República francesa). En el caso peruano, el cambio más significativo entre las Cartas de 1979 y 1993 es el modelo económico, fruto del evidente fracaso del populismo estatista impulsado por la dictadura militar y del fallido esquema de desarrollo ‘hacia dentro’ promovido por la CEPAL Nuestra sociedad logró un valioso consenso para devolver protagonismo a la persona humana, a sus deseos e inquietudes, a la necesidad de esforzarse para satisfacer sus necesidades, e incluso, a desarrollar un ambicioso proyecto de vida emprendiendo nuevos negocios o exigentes estudios. Por eso, afirmamos que el nuevo pacto social y político se erige sobre dos valores sustantivos: la libertad y la dignidad. La consecuencia fue ordenar el rol del Estado de manera coherente con su finalidad: brindar seguridad a los ciudadanos, incentivar la iniciativa privada, remover escollos para el emprendimiento, eliminar las prácticas anti-competitivas, y generar igualdad de oportunidades.
En ese contexto, diferente al permitido por las Constituciones anteriores, se hace necesario desaprender los conceptos tradicionales sobre la Universidad. De plano, el rol de la pública es diferente que el de la privada, pues la primera se financia con dinero de los impuestos y tiene por objeto dar la oportunidad a los jóvenes inteligentes y esforzados, pero de escasos recursos económicos, de formarse profesionalmente con un nivel similar al que se puede acceder con dinero. Eso supone reconocer que la Universidad no puede ser el destino de todos, ignorando aptitudes y actitudes, a diferencia de la educación escolar que sí es necesaria y exigible. Así, el Estado solo debe abrir universidades públicas cuando tenga el presupuesto necesario, pues la calidad tiene un elevado costo, y cuando cuente con profesores capaces de aportar significativamente a la formación académica. Si no se autolimita, incumple el modelo constitucional.
La falsa creencia de que solo una profesión universitaria garantiza solidez económica y prestigio social, no debe ser alentada por el Estado, pues termina generando frustración en miles de jóvenes que debieron seguir carreras técnicas conforme a sus verdaderas habilidades, en institutos públicos provistos de una oferta educativa coherente con el mercado laboral de cada región. Por eso, en lugar de supervisar con hostilidad la oferta universitaria privada, el Estado debería reordenar y mejorar la oferta universitaria pública, pues ésa es su principal responsabilidad.
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