El espíritu de las leyes… de la dictadura
Turbio se ha vuelto el horizonte de la vida peruana y más bizarro el proceso electoral que se avecina. Vizcarra no deja pasar un día sin emitir opinión, quiere un Congreso de novatos a los que pretendería manejar a conveniencia. Ha retado a FP para que no se presente en las próximas elecciones, caminando de la mano con la Fiscalía -su brazo ejecutor predilecto- que a su turno, ha solicitado suspender las actividades políticas de dicho partido por tres años, sobre la base que se trataría de una organización criminal.
Pero el dictador no está solo, la desestabilización la hace en equipo. La “constitucionalista” Gloria Montenegro declaró, con impresionante rebote en medios y bastante cuestionamiento en redes, que “el Congreso fue desactivado. Sus miembros no pueden estar presentes ni en el 2020 ni en 2021”. Esta ministra no pierde oportunidad para hacer política, es clarísimo que tiene una agenda propia y que el ministerio solo le sirve de tribuna, generosamente pagada con nuestros impuestos. Quizás olvida que en lo que va del año ya son 150 mujeres asesinadas (de las que se conoce), que el 13% de adolescentes entre 15 y 19 años es madre o está embarazada y que la anemia no cede. No puede lavarse las manos porque se traten de problemas de salud pública, es responsabilidad de su cartera cautelar a las poblaciones vulnerables y para ello tiene un generoso presupuesto e infraestructura, porque si algo sobra en el Perú, son funcionarios y dependencias públicas absolutamente subutilizadas.
¿Quién está detrás de la ineficiencia del JNE o es la inoperancia natural de nuestro país? ¡Inexcusable lentitud!
Recién una semana antes del cierre de las listas, han declarado que los disueltos congresistas podrían ser candidatos en el 2020, cuando de la simple lectura del artículo 90-A de la Constitución es clarísimo que la restricción solo aplica ante un nuevo periodo de cinco años. Todo este misterio y poca transparencia, orquestada por la prensa oficialista, está dada para que el ciudadano, más que desconfiar, haya acabado por conseguir un hondo repudio hacia quienes están llamados a ser sus representantes.
Hay que recordarle a Martín Vizcarra que la Constitución marca la frontera entre la civilización y la barbarie. La división de poderes no es dividir por dividir, sino el mejor mecanismo para garantizar y proteger las libertades de los ciudadanos. El dictador tiene que dejar de lado la arrogancia de no admitir límites, porque la prepotencia siempre se convierte en atropello pero, si su deseo de violar las reglas constitucionales le resulta irrefrenable, que le enmiende la plana al PJ, que ponga coto al trato preferencial dispensado a Odebrecht, que saque la cara por el país o, ¿tendrá temor a las represalias?
Para nuestro infortunio, Vizcarra está muy pero muy lejos de Montesquieu y no hay visos de voluntario cambio ni una población firme y pensante que se lo demande.