El efecto USAID
Entre el montón de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente “Big Kick” Trump en la primera semana de su administración, por lo menos dos de ellas —hasta ahora— ya tienen consecuencias sobre el país y para los peruanos en situación migratoria irregular o ilegal en EE. UU., respectivamente.
En cuanto a lo segundo, más de un centenar y medio de connacionales han sido deportados, y un número no menor se encuentra en centros de detención norteamericanos aguardando similar suerte. Es verdad que, en esta materia, cada Estado determina soberanamente la legislación aplicable. Sin embargo, por más que la vocera de la Casa Blanca sostenga, muy oronda, que quien ingresa ilegalmente a la tierra del Tío Sam comete un delito, no por ello son aceptables las escenas de personas en fila india, enmarrocadas o con grilletes, que ofenden la dignidad humana y las normas del derecho internacional.
Sobre lo primero, igualmente deplorable por otros motivos, es el decreto presidencial que suspende por noventa días todos los programas y actividades estadounidenses de cooperación humanitaria o de desarrollo internacional, que quedan sujetos a una evaluación por resultados. Entre ellos, el más significativo es el de la agencia federal USAID, que, a lo largo de decenas de años, ha contribuido con sus fondos al progreso económico y social de la nación y, a nivel de política bilateral, apoya la estrategia y los planes de erradicación del narcotráfico y la sustitución de cultivos ilícitos de coca en la conflictiva zona del VRAEM.
Empero, por la información oficial difundida desde EE. UU., se ha evidenciado que buena parte de la multimillonaria cooperación que presta USAID a los países en desarrollo termina malversada o malgastada con otros fines, defraudando la finalidad por la que fue creada hace más de medio siglo. Para nuestra vergüenza, la gringa vocera de marras identificó que no menos de US$30 000 fueron destinados al Perú para financiar la publicación de un “cómic trans”. ¿Cuál es la ONG responsable de esta sordidez?
Esperamos que los negros presagios en torno al “cierre” de USAID no se cumplan y, más bien, esta sea debidamente reorganizada. Por otro lado, confiamos en que la difícil coyuntura sirva para que el “dormido” dictamen del proyecto de ley que fortalece la indispensable fiscalización estatal y la transparencia de las ONG receptoras de cooperación internacional sea aprobado sin demora en el cuestionable Congreso e inmediatamente promulgado, coadyuvando a que dichos recursos sean adecuadamente utilizados y controlados en beneficio del país.
¡AMÉN!
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