El debate recién empieza

La divulgación del “Informe Final de la Comisión IDH (CIDH) sobre la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Perú en el contexto de las Protestas Sociales” derivadas del fallido autogolpe perpetrado por el inepto y corrupto Castillo, ha provocado dos graves discusiones.

La primera, sin duda, en cuanto al polémico papel jugado –y que continuará jugando– este órgano del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y el otro en torno a la conducta y respuesta del Régimen Transitorio de turno y a la participación hasta ahora del aparato de justicia nacional frente al cuestionado informe que concluye que agentes del Estado (léase, policía y militares) podrían haber cometido ejecuciones extrajudiciales y hasta masacres en el ejercicio de la fuerza para reprimir las violentas e insurreccionales “protestas”. Vamos por partes.

La lectura del informe de marras no deja duda acerca del sesgo ideológico izquierdista de los Comisionados que lo inspira y de su absoluta falta de imparcialidad y comprensión –rayana con la supina ignorancia y mala fe– sobre las verdaderas causas y naturaleza de la violencia político-social desatada en el país.

Apenas puede rescatarse de este mamotreto que, al menos, acredita que el detonante de la nefasta conmoción fue la flagrante violación del orden constitucional ejecutada por quien fungió de presidente de la República desbaratando y deslegitimando así la campaña internacional desestabilizadora contra el Perú liderada por los nefandos AMLO, Petro y otros capitostes del hemisferio.

Tan grave como lo primero y que da pábulo a los desatinos del informe, es la pobre y vergonzosa defensa ensayada por el Ejecutivo que se lava las manos descargando inaceptablemente la responsabilidad penal que hubiere en las directivas impartidas por el Comando Militar-Policial y la hasta hoy lenta acción fiscal y jurisdiccional para determinar e individualizar los presuntos abusos cometidos por las Fuerzas del Orden, todo lo cual no contribuye para poder desmentir categóricamente la patraña urdida por la CIDH de que se habría cometido una violación sistemática de DD.HH. por razones étnico-raciales y no una legítima represión de actos vandálicos y terroristas en agravio del Estado como en efecto ocurrió, sin perjuicio de la investigación y sanción de aquellos actos individuales policiales o militares que tipificaran como delitos conforme al Código Penal.

Sea por ineptitud o cobardía del Gobierno de turno –o las dos cosas– y por la deplorable tardanza del accionar de la justicia, el daño ya está hecho y la CIDH ha abierto la puerta a futuras medidas o denuncias supranacionales a las que nos tiene indebidamente acostumbrados.

¿Qué hacer? Como mínimo dos cosas por la parte gubernamental: rechazar de plano y contradecir el espurio informe en todo aquello que es falso, y en cuanto a la sucesora presidencial debe de inmediato desagraviar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que bajo sus órdenes sólo cumplió institucionalmente con su deber constitucional y legal de salvaguardar el orden y la seguridad de la Nación.

Y si la CIDH insiste en sus despropósitos, a seguir este sabio consejo de Domingo García Belaunde, mejor constitucionalista y amigo: ¡NO HACERLE CASO! Y, añadimos, después ya veremos. ¡AMÉN!

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