El buen Defensor

La institucionalización perniciosa ocurre cuando lo malo se normaliza y se hace cultura. Observamos el maltrato en las entidades, la indiferencia burocrática y la deshumanización de la autoridad. A muchos funcionarios, en la concepción arcaica de Weber, les importa poco la persona. No hay una cultura del buen gobierno y leo que hay un candidato a Defensor que la enarbola como principio: Alberto Castro.

Castro es un abogado y catedrático que viene recibiendo la adhesión de muchos y el entusiasmo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Universidad Alcalá y otros. Se cree que es el momento en que la Defensoría del Pueblo logre ser un contrapeso al abuso del poder de los reyezuelos de las oficinas y un motor para lograr el buen gobierno en las instituciones públicas. Castro llamó la atención antes de ser evaluado por una comisión del Congreso y ganar el primer lugar en un proceso que se definirá ahora. Atrajo esa atención por su experiencia en la gestión pública y sus antecedentes académicos que corren desde la PUCP hasta premios, maestrías y doctorados en Utrecht, Holanda, donde destaca precisamente lo que más nos interesa: la conexión entre el Derecho Público, el buen gobierno y los derechos humanos.

Interesaba decirlo porque no hemos logrado aún construir una cultura del buen gobierno, y una Defensoría eficaz en sus acciones podría ser determinante para lograrlo. A la par, como propone él y sostengo, es el momento de erigir un sistema en el que sea obligatorio para el funcionario respetar los derechos de la gente. Se trata de que la plana de profesionales defensoriales tenga mecanismos que le permita efectividad en hospitales, oficinas públicas, comisarías y allí donde el ciudadano requiera de sus auxilios.

Concuerdo en que el buen gobierno debe ser una institución y una cultura que legitime al que tiene algo de poder, sin él no somos una república de ciudadanos. Interesante fue leer su propuesta de cambios constitucionales para dar a la Defensoría mecanismos que permitan sancionar a las autoridades que violen derechos y reparaciones por perjuicios, especialmente a los más vulnerables. Así ocurre en Francia y Reino Unido, sin perjuicio de la magistratura de la persuasión.

El buen gobierno como un derecho constitucional es que las personas no rueguen, sino que exijan al funcionario. Dicen: “a la autoridad se le respeta”. Está bien; pero, sobre todo, como señala: “al ciudadano se le respeta”.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.