El amargo sabor del triunfalismo

“Hemos devuelto esperanza y estabilidad al país”. Un viaje cargado de errores donde Boluarte se sintió obligada a decir mentiras piadosas ante un escenario internacional poco interesado en el Perú. Está sustituyendo la realidad por los deseos y el gran peligro es que se crea su propio relato. La inversión privada, el gran motor del crecimiento, ha caído dramáticamente y no hay la menor certidumbre de que se recupere, por la debilidad de su gobierno y la incapacidad de generar confianza.

Basta mirar la forma como están manejando el tema de la inseguridad ciudadana. Una declaración de emergencia sin estrategia es una medida desesperada que puede ser contraproducente, un tiro al aire, que solo va a generar más hacinamiento en las abarrotadas cárceles, como bien señala el jefe del INPE.
Desde hace meses se ha propuesto excarcelar y mantener con grillete electrónico a aproximadamente 1,500 procesados por delitos patrimoniales menores, con penas de uno a dos años, de muy baja peligrosidad, que no atentarían contra la seguridad ciudadana y que eventualmente podrían cumplir sanciones alternativas como el trabajo comunitario. El Ejecutivo ha hecho oídos sordos, la demora ante la urgencia es pasmosa. Igual medida debería adoptarse con los presos por no pagar pensión de alimentos. ¿Qué sentido tiene darles carcelería efectiva si ello evita que puedan generar ingresos para cumplir con sus obligaciones?

La socialización es casi imposible, cada día hay menos talleres de educación y trabajo. La reducción del tiempo carcelario de Antauro Humala por haber llevado manualidades de Hello Kitty y repostería fue una tomadura de pelo. Después de 18 años salió tan violento como entró o peor. Además, la mayoría sale con pocas oportunidades laborales, muchos no trabajaban antes de cometer los delitos, tienen deudas que pagar e innumerables adicciones. Demasiados delitos se organizan desde la cárcel, en la que numerosos internos participan o se involucran al salir por falta de ingresos.

A más inri, recordemos que la finalidad de las penas no es solo el castigo sino la prevención y resocialización. El Código Penal de 1991 las flexibilizó, sin embargo, durante los últimos 20 años, tanto el Congreso como el Ejecutivo han modificado la norma mas de 500 veces con el propósito de agravarlas, en respuesta a eventos coyunturales u ofensivas mediáticas. Un caos legislativo que solo ha logrado desorden y desproporcionalidad, nada mas alejado de la justicia. Esta sobreproducción legislativa a costa de la degeneración de la ley y la protección de los colectivos por encima de los individuos es una de las causas de este hacinamiento carcelario incontrolable.
Igual de exagerado es el monto de las reparaciones civiles. Me pregunto: ¿qué terrorista liberado y fugado a los brazos de la Europa socialista que los acoge las ha pagado? Ninguno.
Como bien sostiene el politólogo Alonso Cárdenas, el Perú se encuentra en una suerte de tormenta perfecta: el avance del crimen organizado, la debilidad de las instituciones y el incontrolable hacinamiento de las cárceles.
El Ejecutivo tiene que enfrentar el problema integralmente: concesionar el sistema carcelario a privados, iniciar el proceso de deportación de los 3,500 presos extranjeros, la mayoría de alta peligrosidad, aunque demore y sea oneroso; el costo de mantenerlos en el país es muchísimo mayor, promover la flexibilización de las penas –insólito que se pida 26 años de cárcel para Nadine Heredia: ¿a quién ha asesinado?– y difundir el uso de grilletes. No pueden quedarse de brazos cruzados.

Saludo que el Congreso haya aprobado la ley que exime de toda responsabilidad penal a los ciudadanos que actúen en legítima defensa. Finalmente, hay que darle protección legal a las personas que defienden la inviolabilidad de sus propiedades ante un atentado contra la integridad personal o de su entorno familiar.

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