Dr. Lecaros, ¿el compromiso contra la corrupción?
Por: Rafael Romero (@RafaelRomeroVas)
Cuando el juez supremo José Luis Lecaros asumió la presidencia del Poder Judicial (PJ), en enero del 2019, declaró: “A partir de ahora, no más corruptos en el Poder Judicial”. Fue una frase que causó esperanza en un amplio sector de la sociedad, concretamente entre los que sufren a causa de las malas prácticas de algunos magistrados, quienes –lejos de administrar justicia de manera equitativa– suelen prestarse para “legalizar” abusos y tropelías mediante sus resoluciones.
Existen muchos casos para graficar lo arriba descrito y no es raro para nadie enterarse de historias dramáticas, muchas de ellas teniendo como hilo conductor el tráfico de tierras. Por ejemplo, el 16 de enero del 2018, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que lideraba la doctora Elizabeth Grossman, emitió el Informe Nº 005-2016-CAÑETE, en el que daba cuenta de una prolija y detallada investigación sobre la inconducta de altos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cañete.
En aquel documento, elevado a la doctora Ana María Aranda, entonces Jefa de la OCMA, se opinó por sanciones ejemplares y la destitución contra los jueces cuestionados, pero desde la fecha de esa decisión, que fue apelada el 2018 por los magistrados quejados, un velo de misterio se deslizó sobre el caso sin importar los reclamos de quienes vieron afectados sus derechos por el accionar de los jueces denunciados de la Corte Superior de Cañete. Es decir, las voces de ciudadanos finalmente no fueron escuchadas y menos amparadas por el presidente Lecaros.
El pasado 4 de febrero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió el Oficio N° 1619-2020-CE-PJ, que contiene una resolución que absuelve a los jueces quejados, a quienes la misma OCMA había investigado y hallado pasibles de ser sancionados ejemplarmente. No obstante, para el presidente del PJ lo investigado por el referido órgano de control, pese a las pruebas proporcionadas por las víctimas de la judicatura de Cañete, nada importó. ¿Otorongo no come otorongo?
Paradójicamente, bajo los mismos presupuestos que no validó el PJ para sancionar a los jueces de Cañete, las denuncias sí resultan atendibles por parte de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que despacha la valiente doctora Bersabeth Revilla. Es decir valen y tienen mérito para abrir una investigación preliminar contra ellos. En otras palabras, desde el Ministerio Público sí habría fundamento para acusar a varios magistrados de Cañete, incluso de ser supuestos protectores de organizaciones criminales.
Empero, los ciudadanos que lograron que sus denuncias sean investigadas por la OCMA, aunque no amparadas finalmente por el PJ, ¿tendrán una nueva oportunidad para alcanzar justicia, aquella que no pudieron lograr gracias a la resolución absolutoria del presidente Lecaros?
