Dos poderes, un problema
El principio de separación de poderes, entendido como la entrega de la titularidad de determinadas funciones del Estado a los órganos constitucionales que, al mismo tiempo, ejercen control sobre la actividad de sus homólogos, ha sido esencial para el desarrollo de la democracia.
Su primer expositor fue John Locke, que en 1689 publicó su obra “Tratado sobre el Gobierno Civil”, teorizando sobre las consecuencias de la Revolución Inglesa de 1688.
El principio tiene como finalidad limitar el poder político de manera que nadie, ni el Soberano (Poder Ejecutivo) ni el Parlamento (Poder Legislativo), puedan ejercer su voluntad libremente, sin ningún límite.
Por supuesto, hay variantes en la configuración de cada forma de gobierno. En el presidencialismo norteamericano existe un margen mayor de autonomía en favor del gobierno, sus ministros (secretarios de Estado) son designados por el líder del Ejecutivo sin necesidad de la confianza del Legislativo, por lo que éste no puede censurarlos; a cambio, el presidente no puede disolver la Cámara de Representantes. Así, cada vez que el Gobierno necesita presentar una iniciativa legislativa debe dialogar y concertar con los líderes de las Cámaras para tener posibilidades de hacerla aprobar; por el bipartidismo, el presidente está legitimado para aplicar su plan de gobierno, pues ha salido elegido por el apoyo real de la mitad del país.
Nuestro problema es el tener dos órganos constitucionales provistos de sendos mandatos populares en un sistema multipartidista, donde el candidato vencedor y su programa obtendrán siempre un apoyo minoritario en la primera vuelta, siendo la segunda apenas de descarte. Por eso, el presidente electo carece de legitimidad para imponer su plan de gobierno al Congreso, amenazándolo con cuestiones de confianza y la disolución.
La soberbia de querer gobernar sin respetar el mandato popular del Congreso, más legítimo aún porque reúne a todas las perspectivas políticas importantes del país, ha sido la raíz de la feroz confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años. No se valora la tolerancia y la negociación, sustentos de la verdadera política y se pretende reemplazarla con marketing y manipulación mediática con terribles resultados, desde 2016 hemos tenido cinco presidentes y tres composiciones parlamentarias distintas, un desastre para un país que requiere estabilidad política.
Así, es imprescindible tanto hacer una reforma constitucional en cuanto a las relaciones entre los órganos constituciones provistos de mandato popular, como lograr que los nuevos actores políticos, que ya aparecen con calidad y compromiso, normalicen el diálogo y la concertación como elementos cotidianos del hacer política en democracia.
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