Devolvámosle la prestancia al Estado peruano

La demostración más irrefutable de que la entraña misma del Estado peruano está podrida, es que la entidad estatal encargada de perseguir y denunciar el crimen, atraviesa por una peligrosa, indebida, censurable pugna de poderes, a efectos de proteger a determinados personajes y grupos corrompidos; como a denunciar a los adversarios de ellos. Hagamos algo de historia. La Constitución de 1979, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, por primera vez en la historia "le atribuyó al Ministerio Público personería propia, independencia, autonomía, organización, composición, funciones y atribuciones, además de prohibiciones".

Nos referimos a la Fiscalía de la Nación, actual escenario de una feroz batalla entre la Fiscal de la Nación, doña Patricia Benavides quien, tras un largo periodo de clara supremacía de poderes turbios al interior de este organismo vertebral -para evitar que desvíen la razón de ser de este ente que combate el delito- logró conseguir que regrese a cumplir las funciones para las cuales fue instituido.

Como prueba está la primera medida que adoptó la Fiscal Benavides denunciando valerosamente al entonces todopoderoso expresidente Pedro Castillo Terrones, imputado -y con prisión preventiva de 36 meses- como autor de un imperdonable crimen constitucional, como es perpetrar un golpe de Estado. Asimismo, apresado por su condición de autor/responsable de terribles delitos de corrupción (según precisan múltiples carpetas fiscales), cometidos a través de una organización criminal instalada en la cúpula del poder Ejecutivo, presidida por el mismo Castillo.

En paralelo, Zoraida Ávalos, predecesora en el cargo de la hoy Fiscal de la Nación, Benavides, mantiene como uno de tantos antecedentes sospechosos el haber archivado -sin justificación legítima alguna- el flagrante crimen ocurrido en Madre Mía, delito que tuvo como protagonista al ex mandatario Ollanta Humala Tasso.

Asimismo, a Zoraida Ávalos la respaldan poderes fácticos corruptos -que tenazmente desvían la propia razón de ser del Ministerio Público- que en su momento se negaron a investigar al ex presidente Martín Vizcarra tanto por el golpe de Estado que dio bajo una falaz denegatoria "fáctica" de confianza, como por irrebatibles pruebas de corrupción que lo comprometen, publicadas por escasísimos medios periodísticos –EXPRESO y Willax, entre ellos-, que no se allanaron al vicio del "avisaje estatal" creado por Vizcarra para cubrirse las espaldas. ¡Como sí lo hicieron República, Comercio, RPP, canales 2, 4, 5, 8, 9 y 10!

La Fiscalía de la Nación, institución constitucional insigne que precisamente fue creada para combatir la ilegalidad en el Perú, hoy está envuelta en una pugna de poderes intestinos que menoscaban toda acción contraria al delito.

¡Como la que ha impuesto la gestión que dirige la Fiscal Suprema Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación! Visto que la Junta Nacional de Justicia –creada por Vizcarra como instrumento corrosivo, manipulable; para así "mangonear" tanto al Ministerio Público como al poder Judicial- ha sido incapaz de separar a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos pese a su flagrante inconducta, el Congreso necesita tomar cartas en el asunto para frenar la corrupción, enquistada en las entrañas del propio Estado. No hacerlo, revelaría la connivencia del Legislativo.

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