Desesperados

Dice un viejo refrán popular que tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. El mensaje podría ser perfectamente aplicable a lo sucedido esta semana. La permanente campaña del presidente Castillo de considerar que la investigación que lleva a cabo la Fiscalía contra su persona y su entorno familiar y amical más íntimo por considerar que forman parte de una red criminal, tiene móviles políticos y no jurídicos, ha merecido una contundente respuesta de parte de las cabezas de las instituciones operadoras de justicia del país. Nos referimos a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Ambas han desmentido que los móviles que animan a fiscales y jueces que ven el caso tengan motivaciones políticas y menos partidarias. Todo lo contrario. Salieron en defensa de sus fueros, como tenía que ser frente a la torpeza oficial del mandatario y sus voceros personales, reafirmando el compromiso de las instituciones que presiden en su lucha contra la corrupción. Así de simple y de claro. Las altas funcionarias advirtieron a la opinión pública que el gobierno pretende deslegitimar a la Fiscalía y al Poder Judicial, ante la ciudadanía, con una serie de acusaciones y amenazas veladas contra ellas, por el sólo hecho de haber tomado la decisión de investigar supuestos actos de corrupción perpetrados en los más altos e íntimos niveles de gobierno.

La doctora Barrios fue categórica: “Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones. Lo que nosotros hacemos en el Poder Judicial es impartir justicia y no hacemos persecución política”, dijo. Y es lo correcto. Hacen mal el jefe de Estado y sus voceros en politizar la justicia y, peor aún, atacar a las instituciones encargadas de administrarla por mandato de nuestra carta constitucional y de la ley que les confiere institucionalidad en el sistema democrático. Es bastante torpe debilitar dichos organismos, motivado sólo por un interés personal de no ser descubierto en falta o delito, por hechos que, en conciencia, sabe que los habría realizado.

Por su parte, la doctora Benavides, fiscal de la Nación, aseguró que las investigaciones que involucran al presidente Castillo se están llevando a cabo dentro del debido proceso y con la intención de que puedan concluir dentro de los plazos razonables. “No nos distraerán de nuestra tarea”, respondió con firmeza a una pregunta de la prensa, durante un acto público realizado en Madre de Dios. “El objetivo de mi gestión es que haya orden y celeridad en las investigaciones, celeridad para el cumplimiento de los plazos procesales, queriendo llegar a una meta de los plazos razonables para evitar lo que comúnmente llamamos justicia tardía”, precisó.

La fiscal de la Nación viene demostrando coraje y mucha fortaleza para enfrentar los riesgos de una investigación por supuestos actos de corrupción realizados por lo que se presume una organización criminal, cuya cabeza sería el propio mandatario de la Nación, nada menos. Y contra ella los ataques que provienen o son digitados desde Palacio no cesan, por muy descabellados sean sus argumentos. Lo último que acaba de hacer la bancada de Perú Libre es presentar una acusación constitucional contra ella, buscando inhabilitarla por ocho años, alegando presunto abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, aunque dicha iniciativa vaya al archivo, como todo hace suponer en el Congreso de la República, la burda intención de amedrantamiento ha quedado demostrado.

Esta iniciativa, que nace en una bancada afín al gobierno intenta, a las claras, frenar todo esfuerzo de la doctora Benavides por combatir la corrupción, venga de donde venga y en las condiciones más difíciles, puesto que los principales involucrados son el presidente y los suyos, incluidos esposa, hijos, sobrinos y un largo etcétera. La población sólo espera que se sepa la verdad, se haga justicia y se aplique la sanción, de ser el caso, a quienes delinquieron.

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