Delincuencia y corrupción

La corrupción y la inseguridad ciudadana son dos de los más importantes problemas que afectan al país. No hay día en que no se hable o no se publique sobre estas dos pandemias sociales convertidas en endémicas. La ausencia de decisiones políticas firmes y drásticas, al más alto nivel, que persigan el delito, sin transigir ni ceder en el intento, permiten que uno y otro no sólo permanezcan en el tiempo, sino se fortalezcan hasta llegar a límites insospechados.

El contralor Nelson Shack presentó, hace unos días, el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), que es una especie de ranking de las entidades públicas, en sus tres niveles, con mayor registro de corrupción que, en conjunto, han arrojado, sólo el año 2022, período del golpista Pedro Castillo, más de 24 mil millones de soles de pérdidas para el Estado, por corrupción e inconducta funcional.

Esos recursos mal habidos, debieron ser destinados a mejorar los servicios en salud, vivienda, educación y otros de la población, tan golpeada por la desatención de esos servicios, por los organismos del estado, precisamente por falta de recursos, en la mayoría de los casos.

Las contrataciones públicas fueron el principal centro de corrupción, debido a que funcionarios corruptos optaron por “fraccionar” con montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias para evitar que las obras fueran licitadas correcta y transparentemente, dando píe a las coimas del día a día.

“Tenemos 76,408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/9,250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles son las órdenes de servicio, y sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, señaló Shack, frente al asombro de un auditorio conformado por altas autoridades del gobierno. Por ejemplo, señaló el funcionario, en el Ministerio de Vivienda, durante la gestión del exministro Geiner Alvarado, se detectó que hubo 431 proveedores que habrían cometido el presunto fraccionamiento referido y que representó el desembolso de poco más de 31 millones de soles.

Otro gran rubro en el que la corrupción echó raíces, en el aparato estatal, según el hallazgo de Contraloría, estaría en la modalidad de las consultorías, establecidas en unos sectores más que en otros. Según el informe, las entidades públicas contrataron a 8,441 consultores, que significó un gasto de más de S/123 millones, y que en más del 90% de esas consultorías de servicios, el personal que supuestamente tenía que hacer ese ‘servicio’ permaneció fuera del país, situación que deberá ser sancionada.

Por otra parte, la inseguridad ciudadana es otro de los peligros con la que se nos obliga convivir. La delincuencia en las calles ha crecido exponencialmente imponiendo violencia y muerte que, hasta hace poco, no se veía con la ferocidad que hoy se exhibe. Esta semana también, la presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno emitirá una treintena de normas que busquen combatir la delincuencia y la criminalidad de bandas organizadas. “Los poderes e instituciones del Estado tenemos que cerrar filas frente a la delincuencia y el crimen, poner por encima de todas las necesidades de nuestra población. Sobre todo, tenemos que trabajar unidos y actuar con sentido de urgencia”, señaló.

Nadie puede sentirse seguro de caminar por las calles de Lima y otras ciudades del país. Ello ha preocupado a todos, tanto que las autoridades han empezado a ver en la política aplicada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia en su país, la tabla de salvación para nuestros males, como lo insinuara el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, propuesta que no ha sido admitida por el Ejecutivo. A ponerse a trabajar, de lo contrario nuestro país será inmanejable.

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