Déjà vu: de Hong Kong a Chancay
El puerto de Chancay de la naviera china Cosco, a escasos ocho meses de su inauguración (I Etapa) durante la APEC, que contará con la presencia del II Gran Timonel Xi Jinping, viene soportando una verdadera marejada de críticas, porque ha saltado a la opinión pública el monopolio que mantendría en los servicios portuarios: estiba (carga y descarga), remolque de las naves, practicaje (guía de los barcos), amarre de buques, aprovisionamiento de combustibles y de alimentos, recojo de residuos, señalización portuaria, dragado, etc.
Es así, que se desinflaron las expectativas de quiénes esperaban participar en la dinámica comercial de este megapuerto; porque si bien se trata de una inversión final que bordearía los US$ 4.000 millones, a la par nace el fantasma del “enclave” -tal como existió en el puerto Victoria de Hong Kong en el siglo XIX- donde los principales operadores de la cadena portuaria eran empresas del mismo estado del operador, situación distinta a la que existe en las concesiones privadas de otros puertos, donde reina la libre competencia: Matarani, Bayóvar, Callao (Callao Sur-DP World y Callao Norte-APM).
Todo el desmadre se inició durante el gobierno del presidente “filochino” Francisco Sagasti -que adquirió 38 millones de vacunas chinas Sinopharm a US$ 72.5 cada dosis (US$ 2.755 millones) vs. US$ 13 de Pfizer (El Comercio 12//1/21 y 13/1/21)- que nombró como ministro de Transporte a Eduardo Gonzales, hombre de confianza de otro amante del chifa, Martín Vizcarra; con ese marco, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) irregularmente otorgó “a Cosco la exclusividad de los servicios portuarios” (artículo 2 de la Res. No. 08-11/2/21). Pero, la primera ola que se acercó a las costas de Chancay provino del Estudio Olaechea, que se abocó al caso por “la denuncia de una persona natural” según precisa el ministro de Transporte Raúl Pérez Reyes (según el bufete: “la preocupación de la Asociación Nacional de Prácticos”); que interpretó “que la ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) no permite que se presten servicios portuarios en exclusividad, añadiendo que no se podría declarar de oficio la nulidad por el plazo transcurrido (24/3/22), en vista de lo cual, la Procuraduría del MTC presentó una demanda ante el Poder Judicial (27/3/24).
Asimismo, el presidente de la APN, Walter Tapia, confesó “haber otorgado exclusividad en los servicios fue un error administrativo de la APN” (RPP 22/3/24), mientras que la presidenta de OSITRAN (el organismo regulador de transporte), Verónica Zambrano, sostiene que esta exclusividad constituye una barrera burocrática, agregando que, cuando la APN le solicitó la propuesta de régimen tarifario para este puerto (a fines del 2023), realizó una denuncia informativa al INDECOPI para que se pronuncie, porque según la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN): “el desarrollo de servicios portuarios en los puertos de uso público: como el terminal portuario multipropósito de Chancay, debe respetar el principio de libre competencia… si bien Cosco SPC cuenta con una habilitación portuaria que le permite la construcción, no cuenta con un contrato de concesión… y no se advierte que la APN cuente con facultades para otorgar la exclusividad”.
Finalmente, mientras los voceros oficiosos de Cosco sostienen que el puerto no para, anuncian que recurrirán a un arbitraje al amparo del Tratado de Libre Comercio entre China y el Perú para exigir una indemnización. Toma.
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