Defensoría del Pueblo: "Casas Huertas"
"Casas Huertas" es una zona ubicada en el distrito de Surquillo (en el corazón de Lima), que bien podría resumir o representar -en chiquito- los problemas del Perú, del caos administrativo; de los desencuentros y no pocos conflictos arrastrados por décadas de inseguridad jurídica generada por la reforma agraria, entre otras medidas socialistas de la dictadura de Velasco (con Sinamos incluido). Su historia -la de “Casas Huertas”- podría ser más interesante que “La Casa de Papel” de Netflix.
De algún modo, si se soluciona el conflicto principal que existe en “Casas Huertas” sobre el derecho de propiedad, se podría dar una señal importante de diálogo para todo el Perú, que en promedio vive enfrascado -como mal crónico- con 200 conflictos al mes. No obstante, para llegar a ese diálogo constructivo e inteligente, el factor fundamental es que las partes deben asegurar primero su buena voluntad y luego poner todas las cartas sobre la mesa. Lo importante es que los conflictos en el país no escalen y se solucionen.
Esas partes en la negociación son personas naturales y jurídicas (de derecho público), entre las que tenemos a Alberto Ponce (heredero y representante de la sucesión Osorio), 150 familias de posesionarios, dirigentes y trabajadores de la Municipalidad de Surquillo, Sunarp, Poder Judicial, Ministerio de Vivienda (Cofopri), Ministerio de Economía y Finanzas (Tribunal Fiscal) y -en calidad de primicia- la Defensoría del Pueblo que acaba de evacuar un informe sobre un aspecto de este conflicto referido al municipio de Surquillo y el Tribunal Fiscal.
Desde el dictador socialista Velasco se procedió buscando el clientelismo político; pero, veinte años después, en el primer lustro de los años 90 del siglo pasado, de igual forma actuaron el Movimiento “Obras” y el PPC, quienes, en lugar de confrontar con los ucases del velascato, terminaron agudizando el problema por mero interés electoral (por votos).
En este contexto, surge el liderazgo del actual burgomaestre de Surquillo, Giancarlo Casassa, quien podría marcar una diferencia sustantiva con las gestiones ediles que le antecedieron, y con el objetivo de instalar el diálogo (a la par de la vigilancia de la Defensoría), sobre todo en una coyuntura donde Cofopri cuenta -desde el pasado 13 de octubre- con un nuevo director ejecutivo, el abogado Jorge Luis Quevedo, procediendo cada autoridad de acuerdo a sus competencias.
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