De Migraciones a la Fiscalía de Huacaybamba
Desde esta columna alertamos acerca de un caso arbitrario contra los derechos humanos del ciudadano español Santiago Díaz Aroca, quien pese a estar casado años con la ciudadana Carla Pérez (descendiente de la etnia cocama, región Amazonas), resultaba permanentemente impedido -por un mal servicio de la Superintendencia de Migraciones- de contar con la nacionalidad peruana.
Pero este último viernes 1 de octubre eso ya se corrigió; se hizo justicia y Santiago ahora es peruano.
Esa capacidad de enmienda habla bien de aquellos funcionarios públicos que advierten procedimientos ilegales que vulneran los derechos de los administrados, pero a tiempo salen a poner las cosas en su sitio y en respeto de la ley.
Esa capacidad de rectificación es la que hoy se necesita en el Ministerio Público, frente a un caso de injusticia contra un brillante profesor de escuela rural, Wilke Ferreol Rodríguez Espinoza, acusado falsamente como lo ha demostrado en Lima su joven hija Diana, de 23 años de edad.
Este caso se remonta al mes de agosto del 2013 y desde un inicio la Fiscalía Provincial Penal de Huacaybamba (Huánuco), la Fiscalía de Familia de esa circunscripción territorial y el Instituto de Medicina Legal de la zona cometieron una serie de barbaridades y estropicios, llevando con esa ineficiencia a la condena de un inocente, tal como lo señala la inmensa mayoría de padres de familia, los hoy exalumnos del profesor Ferreol Rodríguez, sus colegas y el director de la I.E. 33230, quienes han evidenciado que contra el docente la Fiscalía procedió mal, y se convirtió en cómplice de una venganza y represalia.
Ante las pruebas y documentos que demuestran la errática y nula investigación de los fiscales de Huacaybamba, lo lógico, funcional y constitucional -tal como acaba de ocurrir en Migraciones con el caso de Santiago-, es que la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, investiguen y corrijan las ilegalidades que han llevado al profesor Rodríguez Espinoza a ser condenado porque en Perú ni en ningún país civilizado se puede permitir la condena de inocentes.
En efecto, en toda la administración pública, tal como se acaba de comprobar en Migraciones -y la Fiscalía de Huacaybamba no es la excepción-, todavía existen funcionarios correctos y sensatos que no pueden permitir que ciudadanos inocentes sean investigados por el simple dicho de terceros que actúan motivados por venganzas personales y suspicacias.
@RafaelRomeroVas
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