Crimen y pobreza

Una reciente encuesta realizada por Ipsos reveló que el 42% de los peruanos no habían podido comer, en algunas ocasiones, en los últimos 30 días. Esto es alarmante y refleja el alto índice de pobreza, aun cuando el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, dijera insólitamente que en el país no hay hambre.

Según la encuesta, los pueblos del interior del país y, con mayor rigor, aquellos que conforman las comunidades indígenas y rurales, son los que llevan la peor parte, siendo las más afectadas en un 51%. Esto confirma lo que Naciones Unidas, a través de sus organismos especializados, había advertido hace unos años: más de la mitad de la población del Perú “está en situación de inseguridad alimentaria”, lo cual quiere decir que no puede acceder a una dieta saludable.

El norte del país registra el mayor porcentaje de personas que no han tenido los recursos para alimentarse (51%), según la encuesta de Ipsos, seguido por el sur (42%), el centro (41%) y el oriente (37%). Esta situación se agudizó, en realidad, después de la pandemia, de la cual no salimos bien librados, pues la carencia de recursos para proveer alimentos tres veces al día fue bajando ostensiblemente. La encuesta revela también que los peruanos, en promedio, consumen proteínas de origen animal —vaca, pollo, cerdo o pescado— solo cuatro días a la semana, y solo tres días aquellas de origen vegetal como quinua, frejoles, lentejas o soya. Esto revela que estamos comiendo mal.

Esta conclusión resulta ser paradójica, considerando que nuestro país está considerado como una de las mejores gastronomías del mundo. Incluso, a raíz de ello, el sector turístico lo promociona con tan buenos resultados que quienes saborean nuestros potajes se van encantados de su sazón.

Los gobiernos, en general, no han sabido enfrentar este problema con eficacia. Ahí están los estudios a la mano. Carlos Malpica, por ejemplo, nos entregó en 1970 el libro “Crónica del hambre en el Perú”, en el cual explica precisamente este fenómeno social desde el Incanato, pasando por la Colonia, y se profundiza en la República, hasta llegar al siglo XX, como uno de los problemas cruciales más álgidos por nuestra condición de país subdesarrollado y productor de materia prima, esencialmente. No es nuevo, entonces. Solo que ha tenido sus alzas y bajas cíclicas a lo largo de nuestra historia, sin que haya sido combatido estructuralmente.

Con los años, todo fue cayendo, empezando por nuestra incapacidad de elegir buenos gobernantes, salvo el segundo gobierno de Alan García, que remontó los niveles de pobreza en el Perú. Hace poco, por ejemplo, la ministra de Vivienda, Hania Pérez De Cuéllar, ha pedido a la población “orar y rezar” para que las autoridades no caigan en la tentación de posibles actos de corrupción; tan mal estamos que los propios ministros saben que se encuentran rodeados de personajes proclives a la uña larga, que tienen que llamar al Divino Hacedor para que los encause por la vía del bien.

¿Y qué hay con la seguridad ciudadana? Las organizaciones criminales se han multiplicado y son cada vez más feroces. Recientemente, la prensa dio cuenta de que un 40% del transporte público se ha visto obligado a pagar cupos a extorsionadores. La inseguridad es total. Un dirigente del gremio de transportistas de Lima dijo que los delincuentes cobran hasta 20 soles diarios por cada bus que circula. Y cuando se resisten a pagar, sus choferes vienen siendo asesinados por sicarios.

Si bien el ministro del Interior tiene buenas intenciones, parece que el apoyo de su entorno no es vital para combatir la criminalidad, de ahí que resulta imprescindible realizar una adecuada renovación para que todo cambie a favor de la población. Esperemos.

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