Contraloría, Cofopri y Municipio de Surquillo
En un caso que lleva años, al parecer en Perú la primera persona que usó el Tik Tok para temas no bailables ni musicales fue la ciudadana Karina Reaño, que esta semana no dejó de enviar mensajes a las redes sociales pidiendo a la opinión pública que la apoye en la búsqueda de justicia para su familia en medio de un enfrentamiento que tiene con la Municipalidad de Surquillo y Cofopri.
Karina es esposa de Alberto Ponce, un modesto trabajador cuyo predio inscrito en Sunarp viene siendo objeto de una “formalización” por parte de Cofopri, acaso incumpliendo las normas legales que exceptúan ese tipo de inmuebles. Ellos argumentan que los alcaldes de Surquillo, todos militantes del PPC, pusieron trabas, retrasaron procedimientos y manipularon las puertas de Cofopri para favorecer a posesionarios entre los cuales están los padres de uno de esos alcaldes (Huamaní) y algunos empleados municipales, en medio de una parcialización de la referida entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.
¿Cuál es esa parcialización que denuncian? Que funcionarios de Cofopri se reunieron y almorzaron con los posesionarios, y la familia Ponce Reaño ha mostrado las fotos de esos ágapes en Radio del Sur (91.5 FM Lurín), tema falto de probidad, neutralidad y transparencia que el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, debería evaluar o ¿se lavará las manos para que Cofopri o su criticado TAP (Tribunal Administrativo de la Propiedad) atenten, precisamente, contra el derecho de propiedad, contradiciendo la jurisprudencia y sus propias resoluciones?
El caso, más allá de los Tik Tok, ha escalado, contando la familia Ponce Reaño con resoluciones favorables del Tribunal Fiscal y opinión de la Defensoría del Pueblo, que cuestiona al municipio de Surquillo porque estaría incurriendo en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, amén de que estos esposos están defendiendo su propiedad en los despachos del presidente Pedro Castillo y de la doctora Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, entre otros portafolios como el de la Mujer, ya que la ciudadana Karina habría recibido un trato discriminatorio en la comuna surquillana.
Esta historia resume la inseguridad jurídica en el país donde no está de más indicar que, frente a hechos con posibles faltas administrativas y actos de corrupción, deberían determinar que el contralor de la República, Nelson Shack, y los especialistas de su institución intervengan para desbrozar el camino de tanta maleza.
@RafaelRomeroVas
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