Congresistas en campaña electoral

Debemos insistir en la necesidad de revalorar la política como premisa para obtener, al mismo tiempo, distribución del poder, vigencia de las libertades y derechos, gobernabilidad democrática y calidad en la gestión pública. No hay manera de seguir despreciando y desnaturalizando el ejercicio de la actividad política y pretender alcanzar objetivos como los enunciados.
Repetimos una vez más que la política es una actividad en la que se procura una presencia sustantiva en los procesos de decisión, mediante la intermediación de intereses y tendencias de parte de los grupos sociales que conviven en permanente contradicción, característica natural de toda sociedad pluralista. La clave es conectar con las necesidades individuales y colectivas, tratando de representarlas ante las instituciones estatales que puedan concretar sus intereses.
Cuando eso se logra, el premio para el intermediario es la renovación de la confianza de los electores e incluso ampliar la base electoral. Esa es la medición más justa de calidad democrática: en un país como Estados Unidos, el porcentaje de reelección parlamentaria gira en torno al 90 %, mientras que en el Perú tenemos un histórico de apenas 16 %. Así se explica la solidez del sistema de partidos en la patria de Roosevelt y Reagan, mientras que el nuestro es frágil e inconsistente; tanto, que la agrupación que gana las elecciones y consigue gobernar, al siguiente quinquenio desaparece prácticamente del espectro electoral.
A pesar de ello, se sigue atacando el ejercicio de la política y se castiga de múltiples formas a quienes se atreven a incursionar en los oscuros entresijos de la negociación y los acuerdos, tan necesarios para la convivencia de intereses opuestos. El último capítulo de la serie ha sido la orden del Jurado Especial de Elecciones de Lima para que los congresistas renuncien a formar parte de la dirigencia de sus agrupaciones políticas.
A falta del militarismo antipolítico de Benavides, Odría o Velasco, hoy el ataque proviene de funcionarios mediocres, deformados en las peores universidades, que malinterpretan las normas legales sin considerar cuál es el objetivo de los sistemas. Debería ser evidente que toda democracia representativa necesita partidos políticos sólidamente organizados, siendo lógico que las listas parlamentarias se confeccionen reconociendo el esfuerzo de los dirigentes y militantes. Así, es connatural a la política que los principales líderes de los partidos que obtienen representación parlamentaria ocupen un escaño para dirigir la labor de intermediación de su partido.
En esa línea, considerar como funcionario al diputado es producto de una visión estatista propia del siglo XIX. Entonces, prohibir a los congresistas que son dirigentes de sus partidos participar en la difusión de su oferta electoral es atentar contra los cimientos de la democracia moderna. Cosa distinta es la prohibición de usar recursos públicos para actos de campaña, limitación severa que tiene también el presidente de los Estados Unidos cuando se lanza a la reelección.

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