Conflictos sociales

El último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales nos hace conocer que en el mes de julio se registraron en el país 147 conflictos sociales, de los cuales 135 son considerados en actividad y 49 se encuentran latentes. El documento da cuenta también que respecto del mes anterior se han incorporado ocho nuevos casos, de los cuales seis corresponden a problemas socioambientales; uno, a asuntos de gobierno y otro por motivaciones de índole laboral.

Estamos viviendo pues no sólo una crisis en lo político, sino de un preocupante movimiento popular en distintos puntos del territorio nacional. Si bien la conflictividad social es una adecuada expresión en regímenes democráticos y libres, no es menos perturbador que ellos se mantengan en el tiempo, lo que quiere decir que no se les están prestando la atención adecuada o que las políticas públicas no están sirviendo de mucho para evitarlos.

Esos conflictos, que movilizan miles de pobladores sólo nos están advirtiendo de una insatisfacción existente en la población bajo determinadas características y con motivaciones muy diversas, que bien valdría la pena irlos analizando. En un reporte similar de la Defensoría, veíamos que en el mes de marzo de este año, por ejemplo, se registraban 183 conflictos sociales, que fue, según se dijo, la cifra más alta que se había registrado en los últimos cinco meses. Los conflictos sociales son una constante en nuestro medio, los cuales deberían exigir una mayor atención de parte de quienes tienen la competencia de evitarlos o afrontarlos.

Nada hay que justifique violentar la paz social y la convivencia en armonía y respeto ciudadano. No es conveniente para nadie mantener el país en vilo, en medio de un escenario de convulsión social: carreteras tomadas, caminos bloqueados, inseguridad ciudadana, violencia y, en algunos casos, muertes. Durante los últimos conflictos sociales de julio, en el Valle del Tambo en Arequipa, salieron 44 policías heridos por acción violenta de los manifestantes y tres civiles por armas disuasivas de la policía. Esto no debería repetirse. En este particular caso el móvil es el desencuentro entre la población que se siente afectada con la empresa minera en el proyecto Tía María. La población alega que su vida agrícola corre peligro a consecuencia de la actividad minera que no ha previsto respetar el medio ambiente y tiene pendientes muchos puntos a los que se comprometió desde hace mucho tiempo, mientras que las autoridades competentes brillan por su inacción o ausencia para resolver el conflicto. Así las cosas, las protestas sociales se tornan violentas y van en aumento a lo largo y ancho del país.

Los móviles son muy variados. Tampoco podemos desconocer que detrás de estas protestas hay intereses sectoriales, grupales o políticos específicos que se disfrazan en nombre de los intereses del pueblo. Hay de todo. Lo importante es enfrentarlos a través del diálogo abierto, transparente y democrático.

En un escenario de estas características, las malas acciones se decantan solas. Y las intenciones ocultas y hasta malévola salen a luz. No hay que temerle al diálogo. Es lo más saludable y recomendable en todos los casos. Acercarse a las fuerzas en conflicto es una tarea urgente. Hacerlo motivado por el propósito de buscar soluciones y no para postergarlos para las calendas griegas es lo que se quiere hoy más que nunca.

El estado y su gobierno tienen que tener no sólo presencia en estos hechos, sino jugar un rol protagónico en la búsqueda de soluciones a los conflictos existentes. La incertidumbre hace mucho daño y alimenta la especulación ciudadana. Hablemos con claridad. No hacerlo, será peor más tarde. No hay derecho a que vivamos entre la zozobra y la incertidumbre.