Con los “cineastas” hemos topado

La Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República reveló que, desde 2013 hasta 2022, el Estado gastó un total 46 mil 783 millones de soles en consultorías. Si consideramos que un hospital de especialidades cuesta en el Perú, 450 millones de soles, hablamos de la increíble cifra de 103 hospitales que hubieran podido ser construidos, si los funcionarios hubieran confeccionado los informes que, supuestamente, el Estado necesita para ser tan eficiente como el nuestro. Pero cuando se habló de reducir o limitar la contratación de consultorías de dudosa utilidad, una inmensa maquinaria “progre” atacó indignada y belicosa, pues peligraba la forma de vida de cientos de profesionales que no se responsabilizan por nada, pero que terminan gozando de mejores remuneraciones que los verdaderos funcionarios. Algo similar ha ocurrido con el proyecto de “Ley del Cine” de Adriana Tudela. Ella ha sido insultada por todos los aspectos filiales, étnicos, y sociales que, tratándose de otras damas, hubiera motivado pronunciamientos de Ministerios, Defensoría y ONGs. Su pecado ha sido cuestionar las normas legales que permiten direccionar el dinero de todos los peruanos en favor para que un puñado de cineastas privilegiados pueda hacer su empresa privada, sin riesgo alguno y con dinero ajeno.
El proyecto no niega la posibilidad de subsidiar buen cine y a buenos productores, que los hay, pero establece como límite el 50% del costo total; además, incorpora la competitividad para alcanzar esas ayudas, rompiendo el monoplio de las cinco empresas que suelen recibirlas, sin que importe hasta hoy, la calidad y posibilidades de éxito comercial. No podemos olvidar que el objetivo original de subsidiar producciones cinematográficas es el impulsar el cine nacional para volverlo competitivo a nivel internacional, en un proceso similar al de México o al de Brasil. El escaso dinero del Estado no puede destinarse a satisfacer extremismos ideológicos y traumas sicológicos de un grupo de privilegiados, capaces de producir “Hugo Blanco Río Profundo”, Vulvalaxia”, “Rojo Profundo” o “Mi cuerpa, mis reglas”, por ejemplo, y como esas, docenas de filmes mediocres que nunca llegaron a la cartelera.
El proyecto impulsa incentivos tributarios para filmar en el Perú, siguiendo el ejemplo la legislación de otros países; promueve la contratación de peruanos en proyectos internacionales; reduce la compleja tramitología para desarrollar proyectos nacionales e internacionales en nuestro territorio; y promueve mayor competitividad de nuestro cine ante el mercado internacional, pues el subsidio se obtendrá por mérito y no por compadrazgo o afinidad ideológica. De una vez por todas, debemos entender que, en un país con tantas necesidades insatisfechas, no se puede seguir manteniendo a un privilegiado sector privado, incapaz de sobrevivir por sí mismo del producto de su trabajo.

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