Cofopri de Castillo: atentado en Surquillo
Desde la dictadura de Velasco continúan diversos conflictos territoriales. La historia narra la batalla de los esposos Alberto y Karina, representantes de la sucesión Osorio Hernández, quienes no pueden usar ni disfrutar una propiedad adquirida en 1948 a la familia Marsano (predio ubicado en Surquillo).
Así, en medio del gobierno de Pedro Castillo, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) tiene en sus manos (Exp. 2021-2016-COFOPRI/TAP y Resolución Jefatural N° 298-2019-COFOPRI/OZLC) la opción de defender la Constitución y el derecho de propiedad o el camino para consagrar el despojo y la arbitrariedad.
Cofopri debe respetar sus propias resoluciones dadas en favor del titular registral. El tribunal de esta entidad ya tuvo un pronunciamiento en el 2002 sobre la prescripción adquisitiva de dominio, declarando infundado el recurso presentado por terceros usurpadores, el mismo que fue judicializado astutamente gracias a la dictadura velasquista y declarado improcedente, quedando consentida y por tal motivo ya no procede discutir nuevamente sobre la prescripción adquisitiva pues tiene calidad de cosa juzgada.
Pero en la sede de Cofopri, en La Molina, nadie acata las resoluciones anteriores, violando la seguridad jurídica, al no entender que el tema de prescripción fue concluido con anterioridad y en varias ocasiones, tanto administrativa como judicialmente.
Máxime cuando los antepasados de la familia Ponce vinieron del campo hace más de 75 años y compraron parte de la propiedad de la familia Marsano, buscando un futuro promisorio en la capital y confiando como emprendedores que se respetará su derecho de propiedad.
De manera que no es justo que Cofopri, bajo un tufillo castrochavista, pretenda quitarle a esa familia de campesinos migrantes su propiedad para entregársela a personas que -a partir de un plan perverso de los funcionarios del Sinamos- terminaron invadiendo su predio y ahora sólo buscan sorprender a las autoridades con argucias.
Por eso es oportuno que el tribunal de Cofopri haga un deslinde en sus informes orales entre el respeto a la Constitución Política o la vulneración al derecho de propiedad.
No es deseable que en el Perú se empiece vulnerando el derecho de propiedad y más tarde se continúe coartando la libertad y la democracia.
Menudo problema en manos de funcionarios como Alfonso Tarazona y Carlos Laura, entre otros, como también de los especialistas del Poder Judicial quienes, bajo el pretexto de la pandemia, hasta la fecha no le entregan al ciudadano Ponce las copias certificadas de la sentencia de división y partición de sus derechos y acciones, tan importantes pruebas para señalar sus porcentajes en una herencia hace años inscrita en Registros Públicos.
@RafaelRomeroVas
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