Castillo en su laberinto
Lo que viene pasando en nuestro país es surrealista e inédito. Un presidente, su familia y allegados atrincherados -literalmente- en palacio de gobierno con la policía y fiscales soplándoles en la nuca; viviendo una realidad paralela, con seis gravísimas investigaciones fiscales en curso que lo sindican como jefe de una organización criminal.
En su defensa Castillo ha acusado a algunos congresistas, a la valiente Fiscal de la Nación y a cierto sector de la prensa de una “conspiración” para sacarlo del poder y ha apelado al apoyo de un “pueblo” que dice lo sostiene. Esto último una completa desconexión con la realidad por parte del chotano, pues cada vez que se desplaza lo hace con un fortísimo contingente de seguridad ante al abucheo e insultos de ese mismo pueblo al que dice representar.
Como si el escenario no fuese lo suficientemente ófrico, la tarde del último martes y ante la presencia del equipo especial de la policía y varios fiscales que se apersonaron -con una orden judicial de por medio- a detener a la cuñada-hija putativa del presidente, varios ministros corrieron presurosos a palacio para -cual guardia pretoriana- obstaculizar la función de la justicia, incurriendo de esta manera en una flagrante infracción constitucional y en un delito.
Al parecer la estrategia de la fiscalía es arrinconar al presidente y a su familia -severamente implicada en actos de corrupción- para así lograr que acepte la insostenibilidad de su precaria situación legal, fuera del evidente desgobierno que viene destrozando el país. Su entorno abogadil y político sigue alimentando en el mandatario la creencia de que tiene una suerte de blindaje absoluto amparado en la Constitución y que tan solo el Congreso puede sacarlo del poder. Sí, es cierto hay una suerte de blindaje, pues ningún constituyente podría avizorar un panorama como el que enfrentamos: que un sujeto como Castillo llegase a la presidencia y se aferre al cargo con uñas y dientes.
Sin embargo, fuera del camino tortuoso -y esperamos fructífero- emprendido por la fiscalía, no debemos olvidarnos que el Congreso tiene varios mecanismos para botar a un individuo absolutamente indigno de personificar a la nación. La vacancia por incapacidad moral (solución ideal al momento) por el número de votos requeridos (87 votos de un parlamento muy fraccionado y sumamente impredecible) parece muy lejana, pero hoy mismo está en curso una acusación constitucional por traición a la patria, procedimiento que de que pasar al pleno se requerirían tan solo 51 votos para su aprobación. Para aquellos exquisitos que cuestionan si el tema procede o no para librarnos de un presidente, habría que recordarles que Al Capone fue a la cárcel por evasión tributaria. Las democracias no pueden pecar de bobas cuando su subsistencia está en juego.
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