¿Callejón sin salida? Somos un país sin verdaderos líderes políticos

No seamos inmediatistas, adelantar las elecciones no va a solucionar nada porque ni hoy ni en un futuro cercano hay visibilidad alguna del mesías que el país necesita. Es penoso reconocerlo, pero si Dina Boluarte renunciase –como lo ha exigido Hernando de Soto, imagino por pretensiones personalísimas- tendríamos un proceso electoral muy complicado. “No nos representan”, “Que se vayan todos” son frases recurrentes desde hace décadas, porque desafortunadamente los políticos piensan que ser favorecidos en las urnas es recibir un cheque en blanco, sin ninguna rendición de cuentas. Esta situación se repite en cada ciclo electoral. ¿Realmente creemos que si las elecciones fueran mañana tendríamos un mejor Congreso? Seguramente no. Actualmente, la oposición llena de políticos reciclados no es ninguna garantía.

La mayoría de los candidatos solo difiere en la altisonancia de su discurso, pero apenas son electos, pasan a mejor vida. Se convierten en una suerte de clase política privilegiada, con jugoso sueldo que les permite mudarse, endeudarse y embellecerse. Con algunas excepciones, la vida se les endulza y simplifica, pero eso sí, jamás dejan de hablar como oprimidos. Son empáticos, preocupados por el sufrimiento ajeno, cargando siempre la culpa al enemigo político.

Desde tiempos antiguos se creyó en la idea de dividir y equilibrar los poderes y jamás permitir la concentración, que siglos más tarde Montesquieu supo expresar en el Espíritu de las Leyes: “(…) para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. En este principio se sustentan todos los regímenes políticos que izan la bandera de la libertad y el respeto de las garantías constitucionales. Nadie los quiere, pero son una institución indispensable en una democracia.

Álex Contreras la tiene clarísima, sabe que la minería es el motor de la economía y con un pobrísimo crecimiento de 2.68% en el 2022, quiere relanzarla y colocar un mínimo de US$8,000M en proyectos este año. Sin embargo, se equivoca al pensar que el mayor disuasivo de la inversión es la permisología. El verdadero problema es la calidad personal y profesional de las autoridades que tienen a su cargo las licencias y autorizaciones. Siempre olvidan que están obligados a acompañar al inversionista y facilitarle el camino dentro de los lineamientos establecidos por la ley. El Estado es un socio importante y lo refleja el histórico monto recibido en el 2022 por canon minero ascendente a S/ 7,850 millones. Solo Puno ha recibido casi S/ 600M, pero están enloquecidos intentando incendiar el país.

Sé por experiencia propia que no es tan relevante el número de permisos -siempre que sean razonables y similares a otras jurisdicciones– sino que se cumplan los plazos, que sean objetivos, vale decir, cero discrecionalidad de los funcionarios, que exista claridad sobre la entidad encargada de concederlo, que no se dupliquen y, en especial, que exista un prolijo manejo de la licencia social. En pocas palabras, predictibilidad y seguridad jurídica.

Un permiso no puede ser instrumento de chantaje. Lo ocurrido con la licencia para el uso de agua superficial de Quellaveco no debe repetirse. Fue un proceso larguísimo en el que se garantizó la absoluta disponibilidad hídrica de todas las comunidades del entorno pero que una vez otorgado, fue objeto de cuestionamientos y denuncias. A mayor inri, el gobierno demencial de Castillo evaluó la posibilidad de suspenderlos, luego de reunirse con los angelitos del Valle del Tambo e Islay. Inaceptable.

Señor ministro, pregunte usted a Proinversión por qué fracasó la privatización de Colca y Jalaoca luego de gastarse millones en su promoción y sabrá exactamente lo que no se debe hacer. Inmenso costo pero que sirva de lección.

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