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Fecha Publicación: 24/12/2024 - 21:50
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En la columna pasada, nos referimos a varios desaguisados legales cometidos en el Congreso con el acompañamiento o complicidad del Ejecutivo. Uno de los más escandalosos –cada vez son peores– es la Ley No. 32181 que, con la finalidad de brindar mayor protección al personal de la PNP en sus intervenciones –lo que, repetimos, está muy bien–, derogó de un plumazo la detención preliminar judicial en los casos en los que no se presente el supuesto de flagrancia delictiva (dicho en cristiano, que no se agarre al facineroso con las manos en la masa).
Fue tal el rechazo de la opinión pública –gracias a EXPRESO y otros medios de prensa– que el Parlamento Nacional reculó del mayúsculo desatino –dizque que fue “un error”, aunque huele a más–. En un par de días, la nueva autógrafa de ley enmendando el dislate se envió a la sucesora presidencial para lo que debió ser su inmediata promulgación, restableciendo esta medida de coerción procesal fundamental para la eficacia de las diligencias en una investigación fiscal-policial preliminar. Pero han pasado los días y, a pesar de la urgencia, nada de nada, salvo unas inaceptables declaraciones del que funge de Presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que la norma era objeto de la “revisión” correspondiente. Al pergeñarse estos renglones, no hay rastro de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y, mientras tanto, varios imputados siguen circulando por las calles o, Dios sabe, si ya pegaron las de Villadiego.
Hablemos claro. La autógrafa de ley, por lo que se conoce, es casi copia del artículo inauditamente derogado del Código Procesal Penal. Si alguien en el desgobierno que sufrimos cree que el poco relevante cambio gramatical introducido no es el ideal, pues al menos que se promulgue la norma y que este Ejecutivo presente luego la iniciativa legal que le parezca. Cualquier Estado Constitucional y Democrático requiere de la existencia –más en las penosas circunstancias actuales– de una medida de detención preliminar con la debida motivación judicial. Lo contrario es favorecer flagrantemente la impunidad y la creciente inseguridad ciudadana. Y pensamos más: esta reprochable tardanza no sólo beneficia a los pájaros de cuenta criminales en general, sino a allegados de Palacio, incluyendo al que hoy se manda de “vocero” palaciego. ¡AMÉN!
P.D.: Gracias, Jaime, por el comentario en tu columna, y Feliz Navidad y Mejor Año 2025 para todos.

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