A.N.T.A.U.R.O. no va

La Fiscalía de la Nación presentó una demanda ante la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social con el argumento de que el partido, que ya había logrado su inscripción con el beneplácito del JNE, promovía actividades antidemocráticas y alentaba actos de violencia contra adversarios políticos y minorías sociales. La decisión de la Sala fue la de excluir del registro a la organización A.N.T.A.U.R.O., ordenando incluso el cierre de sus locales, por lo que no podrá participar en las próximas elecciones generales, regionales y municipales, a menos que la nueva mayoría del Tribunal Constitucional, liderada por la correcta pero impredecible Luz Pacheco, determine lo contrario. ¿Por qué la duda? Porque algunos en ese colegiado ya han mostrado cierta disposición a interpretar las normas en un sentido sumamente restrictivo y lineal, como en el caso de la “rehabilitación” de terroristas y asesinos, por el simple hecho de haber cumplido la carcelería establecida en su sentencia. Si fuese así, el pedófilo serial que cumple su condena podría regresar al aula escolar.
El artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos 28094 explícitamente permite declarar ilegal a la organización política que justifique la violencia como instrumento para obtener objetivos políticos, pues la difusión sistemática de esa idea afecta la libertad y los derechos fundamentales de las personas, así como los principios fundamentales del sistema democrático, que se asienta en los valores de tolerancia, pluralismo y convivencia pacífica. Recordemos que en las primeras décadas del siglo XX apareció con mucha fuerza la ideología totalitaria bajo diversas formas de socialismo. En la Rusia republicana del revolucionario socialdemócrata Aleksandr Kérenski, predica lucha de clases el marxista Lenin; en la Italia empobrecida, Mussolini proclama estatismo nacionalista; y en la humillada Alemania, Hitler promueve la reivindicación nacional con un populismo nacionalista antiliberal. Todos ellos utilizaron impunemente instrumentos del sistema democrático para destruirlo, sin que el propio sistema haya reaccionado para preservar las libertades. Desde entonces, entendemos el concepto de democracia defensiva como una necesidad innegable.
Lo de vencer al totalitario en el debate ideológico es irreal, pues siempre bastará con lograr el apoyo de una pequeña minoría de desadaptados y resentidos, integrándola a una estrategia política de manipulación de emociones básicas, usándola luego para capturar el poder y someter a la sociedad entera mediante el temor y la culpa. Ya hubiésemos querido tener jueces y fiscales valientes a finales de la década de los 70 e inicios de los 80 para ilegalizar a las bandas extremistas surgidas de las universidades públicas, que difundieron impunemente la necesidad de la lucha armada y se organizaron para pasar a la clandestinidad. La democracia debe poder defenderse de manera proporcional a los peligros que la acechan, usando todos los recursos que la Constitución le otorga.

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