Ajustaremos cuentas con los canallas… pronto
Hay un ladrón en la presidencia. Se dice que cerca de 9 millones de peruanos votaron para que nos gobernara un delincuente y su red criminal, pero también se dice que había un supuesto favoritismo de las autoridades electorales que le allanaron el camino. Era sí o sí Castillo, por lo que llegó al poder con un plan de saqueo diseñado con mucha antelación. Necesitaban los flujos y asegurarse desde el primer día. Por la mañana derrochaban populismo, comunismo criollo e ignorancia, pero aprovechaban la oscuridad de la noche para reunirse y organizar la rapiña. La mayor amenaza para la ciudadanía se aloja en Palacio de Gobierno. A este gobierno solo lo mueve el dinero y ello queda claramente acreditado en la acusación constitucional de la valiente fiscal de la Nación, sustentada en 190 elementos de convicción. Se embarraron con una celeridad insospechada, sin embargo, Castillo tiene el cinismo de erigirse como el representante de la honestidad nacional. Es la versión andina de Susana Villarán y otras joyitas que también se declararon la reserva moral del país.
Perú Libre busca sancionar con pena de cárcel a aquellos magistrados y fiscales que actúen por influencia política. Son demasiado caraduras cuando ellos son los principales beneficiarios de la corruptela que existe en la administración de justicia. El primero en caer sería el juez Raúl Justiniano que ha rechazado la solicitud de impedimento de salida del país para Lilia Paredes, seguido por el juez de Huancavelica Alain Salas Cornejo que declaró nulas las dos sentencias en contra de Vladimir Cerrón ordenando un nuevo pronunciamiento. Hoy no habrá juez que se atreva a sentenciarlo.
Acaso no recordamos que el TC avaló la disolución del Congreso haciendo una interpretación engañosa de la cuestión de confianza y permitiéndole a Vizcarra mantenerse ilegalmente en el poder. Del aplauso y la devoción al más absoluto repudio y merecida vacancia. Hay demasiados peruanos arrepentidos del cacerolazo y de haberle deseado un feliz cumpleaños ese nefasto 23 de marzo de 2020. La justicia en el Perú es selectiva desde hace mucho tiempo. Es un importante brazo político de aquellos que gozan de poder, tanto público como privado, este último generosamente financiado desde el exterior.
A más inri, las decisiones del Gobierno que solo causan indignación e impotencia. Inaceptable que se haya decidido hacer un aporte de capital por 1,000 millones de dólares a Petroperú, conocida como un nido de corrupción y pésima gestión. En mayo último le dieron US$750 millones que seguro ya se evaporaron. Es una absoluta irresponsabilidad. Intentan hacernos creer que es una industria estratégica, indispensable para garantizar el abastecimiento de combustibles, cuando todos sabemos que el Perú es un importador nato, compra el 75% del crudo que consume.
Desde los años 80 la producción de petróleo solo ha venido reduciéndose. En el 2011 se esperaban 120 mil barriles y 180 mil en el 2018. La triste realidad es que este año, en su mejor momento, se ha alcanzado una producción de 45 mil barriles.
La confianza empresarial en el Perú se ha desplomado a niveles no vistos desde la crisis del 2008 y va a ser muy complicado restaurarla. Pocas expectativas de nuevas inversiones, no solo por las regulaciones del Gobierno sino por la conflictividad social. El permanente sabotaje al Oleoducto Nor Peruano es una muestra indubitable de un escenario insoportablemente hostil y costoso. Petroperú hay que privatizarla, venderla, rematarla o cerrarla. No le puede seguir costando demasiado dinero a una sociedad con más 4 millones de niños anémicos y 8 millones de peruanos afectados por la inseguridad alimentaria. Hay que encontrar una solución y rápido.
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