Acciones inmediatas contra la minería ilegal

Los últimos acontecimientos en Pataz han mostrado a la opinión pública la magnitud del problema detrás de la explotación minera ilegal e informal que ha sido controlada por el crimen organizado. También pone al descubierto los niveles de corrupción en las dependencias públicas encargadas de fiscalizar y controlar la actividad ilegal que mueve millones de dólares que además de causar daño ambiental priva al Estado de contar con los recursos para su desarrollo a través de los tributos que genera la actividad minera.
En las redes sociales abundan las denuncias sobre la corrupción de miembros de la Policía que permiten la circulación de vehículos que transportan el mineral para su procesamiento sin el control de su origen ni destino. Es posible que estas denuncias no sean nuevas, al parecer no se han tomado acciones para corregir esta situación. En otras denuncias se señalan pagos para ser colocados en el puesto de control, situación que incentiva los actos de corrupción, que los convierte en cómplices del crimen organizado. Si bien algunas denuncias podrían ser falsas, éstas deben ser tomadas en consideración y ser investigadas.
Es necesario que la Policía Nacional del Perú depure los malos elementos que empañan la imagen de la institución y menoscaban su autoridad y credibilidad. Por otro lado, también el Ministerio Publico requiere una evaluación completa sobre la actuación de sus miembros en esa jurisdicción.
El Ministerio de Energía y Minas tiene una participación importante en las acciones para erradicar la minería ilegal. De una somera revisión del Registro REINFO de Apurímac se aprecia que dos declarantes tienen derechos mineros vigentes con los mismos nombres y que ambas personas en total tienen 21 derechos mineros. Supongo que los funcionarios encargados han verificado antes de aceptar los registros porque por sentido común dos personas no podrían tener derechos sobre un mismo espacio. Menciono esta situación también para llamar la atención si las autoridades competentes verifican si los derechos mineros vienen siendo explotados por los mismos titulares o si la explotación es realizada por informales a cambio de algún porcentaje de la explotación a favor del titular. En todo caso, corresponderá a las autoridades determinar si esto es regular.
En relación al asesinato de las trece personas en Pataz, la señora Presidenta señaló que el responsable seria un tal “cuchillo”, sin embargo, el mismo día del anuncio el supuesto responsable habría abandonado el país, situación que deja mal parada a las autoridades ante los ojos de la población. Suponemos que para este tipo de anuncios previamente se han tomado las previsiones a fin de impedir que el responsable o los responsables se oculten a la acción de la justicia.
El control y erradicación de la minería ilegal es una tarea ardua que requiere intervención multisectorial; por lo que el Poder Ejecutivo deberá implementar acciones basadas en planes a muy corto plazo, porque la población está siendo afectada al encontrarse a veces en el centro del enfrentamiento de organizaciones criminales por el control del oro.

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