Fernando Rospigliosi

La presidente Dina Boluarte está otra vez al borde del abismo, a punto de descalabrarse con consecuencias fatales para ella porque, como es obvio, si es derrocada, sus posibilidades de pasar de Palacio a la cárcel son altísimas.

En este gobierno las fuerzas del orden vienen adquiriendo material de mala calidad a precios exorbitantes. Funcionarios corruptos coludidos con empresarios deshonestos realizan negociados en desmedro del presupuesto público. Lo peor, sin embargo, es que dejan a las fuerzas del orden inermes frente a una delincuencia cada vez más violenta y ante la agresión de turbas iracundas.

Militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 siguen siendo perseguidos implacablemente por los caviares, los herederos del terrorismo y un sistema judicial profundamente infiltrado por ellos.

Una institución dependiente del Ministerio del Interior, la Sucamec, está directamente involucrada en el trasiego de armas a la delincuencia. Un funcionario de Sucamec, comprometido él mismo en ese latrocinio, es muy activo en medios de comunicación tratando de desviar la atención y culpando a la ley de sus propias tropelías.

Aunque parezca increíble, el Perú sigue existiendo después que el Congreso sancionó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La mafia caviar había pronosticado catástrofes de proporciones terroríficas si eso ocurría.

El Imperio caviar, con su propio Darth Vader, está contratacando, utilizando como arma -su Estrella de la Muerte- el Ministerio Público (MP) cuyo control han recuperado al defenestrar a Patricia Benavides.

La manipulación que realizó la coalición vizcarrista del sistema judicial desde el 2018, les permitió éxitos importantes, como destruir o arrinconar –“cercar” en su propio lenguaje- a sus adversarios políticos y proteger a sus aliados, no importa cuán corruptos fueran, como el propio Lagarto, y Susana Villarán y sus indemnes cómplices.

Unos pantallazos de supuestos chats del “filósofo” -que no pueden ser verificados porque no existe el teléfono desde el que se emitieron-, con un interlocutor desconocido, convenientemente difundidos por la prensa caviar, fueron suficientes para que en pocas horas la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abriera investigación y de inmediato suspendiera a la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Durante los últimos años, el caviarizado sistema judicial ha venido procesando y sentenciando ilegalmente a militares y policías que derrotaron al terrorismo, utilizando deliberadamente un criterio inaplicable, el de lesa humanidad, que hace imprescriptibles ciertos delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

Muchos de los que divinizaron al corrupto Lagarto hoy día guardan silencio o, con toda desfachatez, se convierten en críticos de sus fechorías tratando que se olvide que hasta hace muy poco celebraban y respaldaban esas vilezas porque les era útil para sus intereses.

A los tres meses de entrar en vigencia el contrato de compra de diez mil fusiles israelíes Arad 7 al Ejército del Perú (EP), la institución castrense no ha recibido ninguno. Eso es lo que respondieron los altos mandos del EP el martes pasado, en la Comisión de Defensa del Congreso, cuando les pregunté sobre el avance en la entrega.

Según Jorge del Castillo y Juan Peña, abogados de Patricia Benavides, no existe ninguna evidencia que incrimine a la suspendida fiscal de la Nación. Y los supuestos chats de su asesor que fueron utilizados para acusarla, son falsos, han sido editados, y no tienen ningún respaldo que compruebe su veracidad.

El Perú ha dejado de ser un país interesante para las inversiones, pero se ha convertido en un país muy atractivo para la delincuencia. Una de las razones principales para que esto ocurra es la existencia de un sistema judicial caviarizado, “garantista”, que protege a los delincuentes y persigue con encono a los miembros de las fuerzas del orden que los enfrentan.

Una de las causas del incremento de la delincuencia en el país, es un aspecto nefasto del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que fue introducido por los caviares: se le quitó a la Policía la capacidad de investigar entregándosela a la fiscalía, que carece de las habilidades necesarias para esa tarea.

La persecución a militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980-90 no es cosa del pasado. Es una realidad hoy día, cuando los herederos del terrorismo, sus aliados, los caviares y sus socios internacionales, siguen persiguiendo y encarcelándolos.

Hace dos milenios, en Belén, un pequeño pueblo de Judea, nació un niño judío que en su adultez se convertiría en predicador y sería crucificado por los romanos cerca de la ciudad judía de Jerusalén.

Los caviares y comunistas quieren que Alberto Fujimori sea ilegalmente encarcelado otra vez para que muera en prisión. Él tiene 85 años y está muy enfermo.

La mafia caviar logró, nuevamente, liquidar a una fiscal de la Nación que no controlaba y recuperó, ilegalmente, el dominio de esa poderosa institución, que ahora usará, como lo hizo antes, para perseguir a sus adversarios y proteger a sus aliados.