Persecución sin fin

Militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 siguen siendo perseguidos implacablemente por los caviares, los herederos del terrorismo y un sistema judicial profundamente infiltrado por ellos.

Un ejemplo reciente. En setiembre del 2023, un fiscal de Apurímac ha empezado a procesar a 27 militares y policías por supuestos delitos cometidos en ese departamento en 1988, hace 36 años.

Encabeza la lista de denunciados el nonagenario general EP (r) Marciano Rengifo, seguido de los mandos de la IV Región Militar (Cusco), que tenía a su cargo esa zona, acusados de autoría mediata. Es decir, ellos son culpables de todo lo que sucedía en su área. Basta el conjuro de esa fórmula mágica, para evitarse el trabajo de demostrar si hubo órdenes específicas para cometer algún delito, etc.

Los soldados y policías que combatían directamente al terrorismo, también son considerados culpables sin más, aunque no haya elementos probatorios de que tal o cual efectivo cometieran este o aquel acto delictivo.
Ese pequeño detalle lo resuelve fácilmente: durante el período de “violencia política” –dice el fiscal de marras- “las fuerzas armadas y las fuerzas policiales tenían como modus operandi la detención de civiles (…) y acusados de tener vínculos con la subversión, los mismos que eran detenidos y conducidos, sin contar con mandato de detención formal alguno (…) a una dependencia policial o alguna base militar contrasubversiva”.

Es decir, había un enfrentamiento en las alturas, las fuerzas del orden capturaban algunos subversivos y no podían, según el fiscal, detenerlos, sino tenían que liberarlos, ir hasta una ciudad –que estaba a horas o días del lugar- donde hubiera un fiscal y juez que pudieran dictar un mandato de detención.

Hay que ser un canalla para sostener eso, porque hasta un ignorante, como ese fiscal, debe saber que existía un estado de emergencia, en el que las fuerzas del orden podían detener sin mandato judicial.
Y luego viene la argumentación para prevaricar y violar la legalidad. A sabiendas que esos supuestos delitos han prescrito a los 20 años, recurre al Estatuto de Roma y la lesa humanidad. Como he explicado en esta página, solo desde 2002 y 2003 entraron en vigencia en el Perú, con la explícita advertencia que esos criterios no eran retroactivos y no podían aplicarse antes de esas fechas. (“Lesa humanidad”, 12/2/24).

Como es evidente cuando se lee la acusación del fiscal, ha sido redactada por las mismas ONG que denuncian a las fuerzas del orden, que a su vez tienen el soporte de otras ONG y organismos internacionales, toda una muy bien aceitada maquinaria dedicada a perseguir a militares y policías y, por tanto, a favorecer a subversivos y terroristas.
Cuentan con la ayuda y complicidad de magistrados con esas mismas simpatías.

Es urgente aprobar en el Congreso el proyecto de ley que restaura la legalidad y pone fin a la ilegal persecución de militares y policías octogenarios y nonagenarios.

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