Fernando Rospigliosi

En medio de una gravísima crisis, la peor en muchas décadas, el Perú es un barco sin rumbo, con una tripulación de incapaces y corruptos que se disputan los puestos de mando, mientras los desconcertados pasajeros se van dando cuenta que el choque con el iceberg es inevitable y que pocos se salvarán del naufragio si es que no echan por la borda al capitán y sus secuaces.

Hay un significativo sector que sigue esperando con ilusión un cambio sustancial en el gobierno.

Aguardan con ansiedad que Pedro Castillo expectore a Íber Maraví, a Guido Bellido y una larga lista de ministros y funcionarios impresentables.

Aunque parezca increíble, todavía hay un considerable número de congresistas que creen que podrán coexistir con un gobierno como el actual, portándose bien, cuando todas las señales van en sentido contrario. De todas maneras los van a echar.

El terrorismo que se inició en el Perú en 1980 –al igual que el de principios de la década de 1960-, no fue originado por la pobreza, como quieren hacernos creer los herederos y seguidores del cabecilla terrorista que acaba de morir en la cárcel.

Después del triunfo del Gobierno al lograr la aprobación de un gabinete impresentable –“el peor gabinete de la historia” como tituló el diario “Correo”-, la gavilla que se ha apoderado del control del Estado avanza a paso firme en sus propósitos.

El allanamiento de la casa y los locales de Perú Libre en Huancayo ha sido interpretado por varios analistas como una respuesta de los caviares a la confianza obtenida por el gabinete de Guido Bellido en el Congreso.

Una de las frases más repetidas hoy en día por algunos ciudadanos preocupados por la trágica situación que vive el país y las más que sombrías perspectivas, es que no existen los suficientes votos en el Congreso para vacar al nefasto gobierno de Pedro Castillo.

A estas alturas no cabe ninguna duda que los comunistas en el gobierno avanzan a toda velocidad hacia su objetivo de capturar todo el aparato del Estado, disolver el Congreso y establecer una dictadura chavista en el país.

El congresista Roberto Chiabra ha vertido una ingeniosa frase que refleja lo que podría ocurrir en el futuro cercano. Ha dicho que si el gobierno persiste en su provocador comportamiento, “nos vamos todos”. Es decir, el Congreso y el gobierno.

Es obvio que el gabinete del terror designado por Vladimir Cerrón y Pedro Castillo constituye una provocación, una incitación al Congreso para que no lo apruebe para luego insistir otra vez con otro tan malo como éste, cerrar el Congreso y acelerar el proceso de liquidación de la democracia.

El Perú llega al bicentenario en una situación crítica, que no tendrá un final feliz. Después de los desastrosos gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, que han dejado la economía en ruinas y las instituciones copadas por una gavilla de izquierdistas y corruptos, vendrá uno todavía peor, integrado probablemente por gente aún más incompetente y deshonesta.

Si como todo indica el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está dispuesto a proclamar a Pedro Castillo, después de haberse negado a hacer cosas tan elementales como revisar el padrón de electores, el Perú entraría al bicentenario con un Gobierno ilegal e ilegítimo.

Toda la coalición vizcarrista se ha movilizado para impedir que el Congreso cumpla con una de sus funciones, elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato venció hace casi dos años. Desde 2019 vienen utilizando todos los pretextos posibles para impedir que se cumpla con la ley y se modifique la composición de ese organismo en el cual ellos tienen mayoría.

Si a pesar de todas las evidencias de fraude electoral, las autoridades cómplices y el Gobierno logran imponer a Pedro Castillo como presidente, las perspectivas del Perú oscilan desde la imposición de una dictadura chavista hasta, en la menos mala de las opciones, un prolongado desastre económico y caos político.

La tragicomedia que ha ocurrido en el desacreditado Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela no solo que ese tribunal no es imparcial, sino la manera desaprensiva con la que impunemente pisotean las normas legales que se supone deben salvaguardar.

Acontecimientos recientes demuestran que la coalición que se constituyó alrededor de Martín Vizcarra en 2018 sigue actuando. Aunque no pudieron impedir la destitución del Lagarto, se apuntaron un enorme éxito al derrocar a Manuel Merino e imponer a Francisco Sagasti, partícipe de ese conglomerado y más estrechamente vinculado a las izquierdas.

La desvergonzada intervención del presidente Francisco Sagasti en favor de Pedro Castillo muestra que, en efecto, la cancha no está pareja. Como reveló Beto Ortiz, Sagasti llamó a Mario Vargas Llosa para persuadirlo de que debería presionar a Keiko Fujimori con el fin de hacerla desistir de continuar su lucha contra el fraude electoral, cuyas evidencias no dejan de aparecer.

El 7 de junio debería ser el día en que comience un proceso de reconciliación nacional, después de un muy enconado proceso electoral. El asunto es ¿será posible con un país tan dividido?