Apuntalando una dictadura

Toda la coalición vizcarrista se ha movilizado para impedir que el Congreso cumpla con una de sus funciones, elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato venció hace casi dos años. Desde 2019 vienen utilizando todos los pretextos posibles para impedir que se cumpla con la ley y se modifique la composición de ese organismo en el cual ellos tienen mayoría.
Ahora han alegado muchas sinrazones, pero cuando el Congreso decidió seguir adelante, usaron a una oscura jueza que increíblemente ordenó al Congreso no continuar con una de sus funciones básicas, pisoteando uno de los fundamentos esenciales de la democracia, la separación e independencia de poderes.

Inmediatamente esa írrita decisión fue respaldada por dos prominentes miembros de la coalición vizcarrista, la presidenta de la Corte Suprema y el encargado de la fiscalía de la Nación. Esta última ha llegado al extremo de iniciar investigación y amenazar con sanciones a los congresistas que cumplieron con su deber:
“La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra los congresistas que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”, dice el comunicado de la Fiscalía.

En realidad, tanto la resolución de la jueza como la amenaza de la Fiscalía carecen por completo de fundamento, pero sirven para justificar el comportamiento que ha asumido un grupo de congresistas que, ya sea por miedo, o porque les han ofrecido alguna ventaja cuando están a punto de irse a sus casas, han abdicado de su función.

El Gobierno de Francisco Sagasti ha intervenido, como era de esperarse, en esta sucia maniobra. Como reveló el congresista Luis Valdez, una de las cosas que le dijo Sagasti cuando lo convocó a Palacio fue que se abstuvieran de elegir a los 6 miembros del TC con mandato vencido, y lo amenazó con lanzar su jauría de opinólogos a desacreditarlos –cosa que ha ocurrido- y movilizar la calle contra el Congreso.

En 2019 hicieron lo mismo, recurrieron a mil artimañas y leguleyadas para evitar la elección de nuevos miembros y, cuando el Congreso eligió a Gonzalo Ortiz de Zevallos, Martín Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Parlamento e impidieron ilegalmente que el nuevo miembro del TC ocupara su lugar en ese organismo.

Es decir, se zurraron en la Constitución, las leyes y la democracia, como están haciendo ahora nuevamente. Para la coalición vizcarrista esas son “pelotudeces democráticas”, como expresó con exactitud el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo. Lo que importa es mantener el poder a cualquier precio, y conservar la mayoría que tienen en el TC es muy importante.

En todo esto ha jugado un papel también otras de las nefastas reformas políticas promovidas por la coalición vizcarrista, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, respaldada por algunos políticos oportunistas que apoyaron ese extravío para ganar popularidad.

Así, se va consolidando una dictadura izquierdista en el Perú.

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