César Gutierrez Peña

El Estado peruano está siendo afectado económicamente y en reputación por laudos arbitrales del CIADI, cuyo origen está en decisiones gubernamentales tomadas entre 2014 y 2018.

La economía ha caminado en el quinquenio Castillo-Boluarte por inercia, lo que ha generado que muchos de los problemas pasen a segundo plano. Voy a enumerar tres casos que se le endosarán al próximo gobierno y que, por su complejidad, no se solucionarán con bravatas de la mano dura.

Las empresas, Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) y Cálidda, han venido propagandizando sendas inversiones de 2,000 millones de dólares (MMUS$) y 400 MMUS$, respectivamente; que han sido tomadas con entusiasmo tanto por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero; como por el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

Como era de esperarse, el reciente apagón en España es una buena herramienta para que el conservadurismo fósil lo use en nuestro país para oponerse a cualquier cambio.

El debate por la masificación del gas natural (GN), que fue un tire y afloje de cerca de cuatro años de duración, entre la concentración colombiana de la distribución de GN por ductos y comercializadores de gas virtual, que terminó en la aprobación por insistencia de la Ley 32315, ha hecho que pase desapercibida la creación de un nuevo activo de propiedad estatal, que va a ser gestionada por la

Los últimos 60 días han sido prolíficos en la publicación de normativa del sector energético, que no ha sido del agrado de algunos de los agentes del mercado que se han quejado altisonantemente.

Mientras en Perú la diplomacia habla del periplo del barco Sebastián Elcano con la presencia de la princesa Leonor y el conservadurismo nos predica la hispanidad, la relación entre empresas españolas y el Estado peruano vive sus peores momentos, con una serie de contenciosos con pretensiones cruzadas que fácilmente superan los 5,000 millones de dólares (MMUS$).

La semana pasada se ha difundido un convenio entre ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según el cual se agilizarán adendas ampliando plazos y alcances de contratos de concesión existentes.

Lo ocurrido en Argentina el pasado 14 de febrero es cosa seria, miles de estafados allí, en los Estados Unidos y otros países, con el presidente Javier Milei en el ojo de la tormenta por haber sido el promotor de la criptomoneda llamada Libra. No hay lugar a dudas de que el crecimiento exponencial de la cotización se debió al posteo fijado del “anarco libertario” en su cuenta de X.

Hay tareas sectoriales que deben trabajar coordinadamente los ministerios. Es el caso de la pobreza energética, la cual comprende el suministro de electricidad y el reemplazo del carbón y la leña en la cocción de alimentos.

En el limbo está la aplicación de la obligatoriedad de comercializar, a partir del 01 de octubre del 2025, diésel y gasolinas con una cantidad de azufre que no exceda las 10 partes por millón (ppm). Es un mandato legal desde febrero del año pasado (DS-003-2024-EM), con una sentenciosa afirmación de plazo improrrogable.

Ante un déficit fiscal cada día más lejano del 1% del PBI que era la referencia en tiempos que la economía se manejaba con disciplina, el ajuste en la recaudación tributaria es imperiosa, y eso no solo se trata de cerrar bodegas o restaurantes, sino también a las importaciones que tienen derechos que pagar según nuestra legislación, es el caso del biodiésel (B100) provenientes desde los Estados

Durante tres años de debate sobre las modificaciones legislativas para permitir un mayor acceso de oferta de generación eléctrica con energías renovables (RER), los fósiles predicaron ser los garantes de la seguridad energética del Perú, escamoteando las vulnerabilidades que presentan para no tener más competidores.

ProInversión se ha lanzado entusiastamente a la contratación de la consultoría para licitar la concesión de distribución de gas natural (GN) en el sur del país (Arequipa, Moquegua y Tacna), que solo será exitosa si se toman decisiones previas que tendrán complejidades administrativas, económicas y sociales.

Cuando los gobiernos deciden incursionar en las estadísticas disminuyendo la calidad de la información, ingresamos a la etapa del ocultamiento de la verdad de las cifras que sirven no solo para orientar las políticas de Estado, sino también para evaluar el desempeño de la gestión gubernamental. Cualquier intento de actuación en este sentido debe ser denunciado y exigida su eliminación.

El 2025 será un año complicado para el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), independiente del titular de turno, la agenda de temas controvertidos será prolífica, terreno fértil para los que necesitarán hacer oposición política con miras a las elecciones generales del 2026.

El anuncio del reciente laudo arbitral del CIADI que obliga al Estado peruano a pagarle 200 millones de dólares (MMUS$) a la española Enagás S.A., por las inversiones realizadas en el fallido contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), tiene diversas consecuencias.

Después de un tortuoso trámite de tres años, se aprobó la ley que permitirá el incremento de inversión en centrales de generación eléctrica con recursos energéticos renovables (RER).