Consecuencias del laudo del CIADI por Gasoducto Sur Peruano
El anuncio del reciente laudo arbitral del CIADI que obliga al Estado peruano a pagarle 200 millones de dólares (MMUS$) a la española Enagás S.A., por las inversiones realizadas en el fallido contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), tiene diversas consecuencias.
Empecemos recordando que Enagás era socia con 25% de participación del Consorcio GSP S.A., donde la brasileña Odebrecht (ODB) tenía 55% y la nacional Graña y Montero el 20% del accionariado. ODB también ha demandado al Estado en la vía arbitral a través de dos subsidiarias domiciliadas en Luxemburgo.
Hay dos consecuencias inmediatas del laudo:
ODB ganará el arbitraje y habrá que pagarle, y se reconoce que el Estado ha enajenado los bienes del gasoducto.
Las obligaciones de pago nacen de una mala decisión gubernamental de enero del 2017, cuando se emite el Decreto de Urgencia (DU) 001-2017, donde se compromete a pagar el valor contable neto de los bienes, los que han sido valorizados por el consorcio en 2,601 MMUS$ a diciembre del 2016.
La enajenación de los bienes significa que el Estado tiene la propiedad de casi la totalidad de la tubería para construir el gasoducto, la que viene preservando desde el 2017, con un costo a diciembre del 2024 de 356 MMUS$, monto que ha superado en 114 MMUS$ la carta fianza ejecutada.
Ahora que se habla de Gasoducto Costero y que desde la región Cusco se reclama que se respete el compromiso de llegar con gas natural a Quillabamba, Urcos y Anta, el gobierno tiene que tomar en cuenta que tiene en propiedad infraestructura por 2,601 MMUS$ que puede aportar como socio para la construcción del GSP.
El costo constructivo del GSP está valorizado en 4,431 MMUS$; eso significa que el aporte estatal representaría el 59% de los recursos necesarios. La tarea es conseguir un socio que sea financista de la diferencia, se encargue de la construcción, de la operación y que tenga el control de la sociedad.
Previamente a lo mencionado, habrá que preguntarse de dónde se obtendrán reservas para 30 años, lo que significaría duplicar las existentes en el lote 88 (Camisea). Una conversación del titular de Energía y Minas con los promotores del Gasoducto Costero y Pluspetrol le podrá dar luces, o frustrar sueños.
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