Tres cargas pesadas para el próximo gobierno

La economía ha caminado en el quinquenio Castillo-Boluarte por inercia, lo que ha generado que muchos de los problemas pasen a segundo plano. Voy a enumerar tres casos que se le endosarán al próximo gobierno y que, por su complejidad, no se solucionarán con bravatas de la mano dura. Me refiero a: la minería ilegal, el destino de Petroperú y la custodia de los bienes del fenecido proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Empiezo con la minería ilegal. Excede a la simplista arenga de acabar con el Reinfo. Aquí estamos en un problema que mezcla complicidad estatal, conflictividad social —se estima que hay 500 mil personas en la actividad— y exceso de extensiones de superficies territoriales concesionadas, que los titulares de las concesiones no pueden controlar.
Sobre Petroperú, la barra brava clama por la quiebra, venta a precio de remate o entregarla para el manejo de terceros que supuestamente tienen la sapiencia para sacar a la empresa del atolladero. Dejo constancia de que no soy partidario del apoyo financiero respaldado solo en el voluntarismo.
La espada de Damocles para el Estado peruano es la deuda internacional con vencimientos en 2032 y 2047: 3,000 millones de dólares (MMUS$) con bonistas y 1,167 MMUS$ de un crédito sindicado liderado por Deutsche Bank, avalado por la agencia estatal española Cesce. No cabe aquí el facilismo de decir que, como no hay aval soberano, que los acreedores se las arreglen, cuando el titular del 100 % del accionariado es el Estado.
El tercer caso es el de los bienes del GSP, cuyo valor contable neto a cifras del 2014 es de 2,000 MMUS$, y la decisión gubernamental ha sido custodiarlos, gastando hasta el momento 400 MMUS$. Para los socios de la empresa GSP, los bienes los ha enajenado el Estado, mientras que los gobiernos han tratado de decir que no es así, que solo los custodian, argumento endeble.
El laudo del tribunal arbitral del Ciadi va a ser favorable al demandante Odebrecht, como ya lo ha sido para su socio Enagás. Cuando esto se confirme, le competerá al Estado pagar la pretensión planteada, que bordea los 1,500 MMUS$, lo que ocurrirá antes que ingrese el próximo gobierno, que tendrá que formalizar la propiedad de los bienes y luego decidir cómo hace el mejor uso de este activo.
Trilogía complicada para el próximo gobierno.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.