Ana Calderón Sumarriva

Es un orgullo saber que el monitor Huáscar es el segundo blindado (acorazado) a flote más antiguo del mundo. Actualmente en funciones como museo marítimo flotante, simboliza un capítulo importante de la guerra del Pacífico entre Perú y Chile.

Una escena de antología de los tantos episodios de El coyote y el correcaminos, popular serie de dibujos animados de antaño, es aquella en la que el coyote, tras ser encerrado en un calabozo por el correcaminos, aparece entre rejas con los ojos desorbitados y enrojecidos. Con seguridad, la escena debe haber arrancado sonrisas a muchos televidentes.

Robin Hood debe ser uno de los pocos personajes legendarios con el que la mayoría de la gente se identifica casi de inmediato.

La información con sesgos puede generar consecuencias negativas en el raciocinio de las personas. La oferta de un producto peruano a S/ 9.99 que antes estaba a 10.00 por ejemplo, puede afectar la percepción del consumidor al generar un juicio errado sobre el producto en realización, cuando la disminución del precio real es poco significativa.

Pese a la multiplicidad de medios de información a los que hoy podemos acceder, parece que vivimos, paradójicamente, en tiempos de desinformación. Como consecuencia de que todo lo que se publica y se expresa en las redes sociales está libre de filtros de veracidad, ahora es posible calificar determinadas conductas como delictivas e incluso tergiversar lo que las normas disponen.

Considerando prioritario salvaguardar la vida y la salud de los internos que se encontrarían entre los grupos de riesgo frente al Covid-19, durante la emergencia sanitaria (que aún se mantiene en algunas zonas de nuestro país) se dispuso mediante diversos decretos legislativos medidas de protección para la población penitenciaria conformada por internos que cumplen tanto prisión preventiva como

A los difíciles momentos que atraviesa nuestro país por causa de la pandemia del Covid-19, se suma el reciente fallecimiento de 13 jóvenes que, pese a las restricciones dispuestas por el Estado, habían asistido a una discoteca de Los Olivos para divertirse.

A los difíciles momentos que atraviesa nuestro país por causa de la pandemia del Covid-19, se suma el reciente fallecimiento de 13 jóvenes que, pese a las restricciones dispuestas por el Estado, habían asistido a una discoteca de Los Olivos para divertirse.

La forma en que se puede afectar la independencia judicial por causa de los llamados “juicios paralelos” es uno de los temas de mayor actualidad en el derecho peruano.

Como parte de la tutela judicial efectiva, el plazo razonable ha tenido un desarrollo significativo en la jurisprudencia nacional ordinaria y constitucional. Sin embargo, por diversos factores que van desde las limitaciones materiales de la justicia hasta las actuaciones innecesarias en algunos procesos, no ha dejado de ser un problema.

La técnica del “embudo” se aplica desde hace varios años en el sistema penal de nuestro país: se impone con facilidad penas privativas de libertad efectivas (que causa el hacinamiento actual), mientras se exige el riguroso cumplimento de requisitos antes de conceder la excarcelación.

El tratamiento jurídico para el cese o fin de la vida, comúnmente llamado muerte, ha ocupado un lugar importante en el derecho peruano. Tanto es así que nuestro Código Civil vigente le dedica algunos de sus artículos para el tratamiento del cadáver, los actos de disposición que se pueden efectuar con él y los actos funerarios respectivos.

Considerar al derecho como un sistema permite establecer relaciones entre las normas que pertenecen a diferentes especialidades jurídicas. En algunos casos pueden ser relaciones de tipo complementarias (normas de desarrollo o de remisión) o también relaciones en las que existan límites formales o materiales.

Si retrocedemos en el tiempo hasta la fundación de los primeros Estados encontraremos que muchas de las instituciones constitucionales de nuestros días explican su naturaleza y razón de ser en que permitieron sentar las bases de la organización estatal. Entre estas principales bases tenemos el límite al ejercicio del poder y el balance entre los poderes constituidos.

Un proceso penal es esencialmente cognitivo. Tiene como punto de partida posibilidades o probabilidades de la comisión del delito y la responsabilidad del sujeto y debe concluir en un estado de certeza para sustentar una condena.

Tras el epílogo de la Segunda Guerra Mundial se advirtió la necesidad de universalizar el compromiso de los Estados para con sus ciudadanos con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos individuales mediante mecanismos de judicialización a nivel supranacional.

Debido al alto riesgo que significa la pandemia del Covid-19 para la salud y vida de los internos procesados y sentenciados que viven en hacinamiento penitenciario, el Decreto Legislativo N° 1513 ha establecido la llamada “remisión condicional” como una medida para beneficiar a los sentenciados a pena privativa de libertad efectiva.