La legisladora asumió en 2024 la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pese a una acusación por fraude procesal y denuncia calumniosa.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emitió informe final con finalidad de destituir e inhabilitar a integrantes del órgano jurídico por periodo de 10 años.