Revelan que María Acuña archivó investigaciones clave mientras tenía proceso judicial vigente
La legisladora asumió en 2024 la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pese a una acusación por fraude procesal y denuncia calumniosa.
El programa 'Panorama' reveló que la congresista María Acuña Peralta, actual integrante de la bancada Alianza para el Progreso (APP), enfrenta una investigación penal por fraude procesal y denuncia calumniosa.
Pese a este proceso abierto, asumió en 2024 la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), cargo que el propio reglamento del Parlamento prohíbe para legisladores con causas judiciales en curso.
La pesquisa fiscal se originó en Chiclayo tras un conflicto comercial relacionado con la inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., empresa en la que Acuña fue gerente.
Documentos oficiales demuestran que, en 2022, la firma no entregó al empresario Sergio Ciccia los lotes pactados como pago por obras de habilitación urbana.
Peritaje confirma firma de María Acuña
Ante el reclamo, la compañía lo denunció acusándolo de falsificar documentos, supuestamente con la firma de la parlamentaria.
Un peritaje policial descartó aquella acusación y confirmó que la rúbrica en los contratos pertenecía a la propia Acuña.
En consecuencia, en junio de 2023, Ciccia presentó una contrademanda penal por fraude procesal y denuncia calumniosa contra la empresa y la ahora congresista.
Aceptó cargo pese a proceso vigente
El Ministerio Público (MP) formalizó la investigación preparatoria un año después, en junio de 2024.
A pesar de estar notificada y haber declarado previamente sobre el caso en abril de 2023, Acuña aceptó presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en agosto de 2024.
Artículo 20 impide liderar comisiones
Según el artículo 20 del Reglamento del Congreso, ningún parlamentario con procesos penales vigentes puede liderar comisiones ni subcomisiones.
El exoficial mayor del Legislativo, José Élice, recordó que esta disposición “está plenamente vigente y su cumplimiento es obligatorio”.
Dirigió archivamientos polémicos
Durante su gestión, la SAC archivó denuncias constitucionales de alta relevancia política. Entre ellas figuran el caso de los relojes Rolex que involucraba a la presidenta Dina Boluarte, las investigaciones por las muertes registradas en protestas y el expediente contra la ex fiscal Patricia Benavides vinculado a la red de ‘Cuellos Blancos’. Cada decisión fue aprobada por mayoría bajo la conducción de Acuña.
Fiscales desmienten su versión
Consultada por Panorama sobre la incompatibilidad entre su proceso penal y el cargo asumido, la congresista sostuvo que desconocía el alcance de la investigación, alegó que “se trataba de temas empresariales” y aseguró que debía coordinar con su gerente antes de emitir un pronunciamiento.
A pesar de ello, los registros fiscales muestran su participación directa en diligencias previas.
Subcomisión enfrenta crisis de legitimidad
La controversia abre un posible debate ético dentro del Parlamento. Expertos coinciden en que, incluso si la legisladora hubiera ignorado inicialmente la formalización de la denuncia, debió informar al Congreso y renunciar al cargo al momento de conocerla, evitando así vulnerar el reglamento y comprometer la legitimidad de la SAC.
Además de un eventual proceso en la Comisión de Ética, el caso provoca cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por la subcomisión durante su presidencia.
Críticas por blindaje de denuncias
Críticos advierten que el blindaje de denuncias contra altos funcionarios podría verse afectado por el conflicto de intereses y la irregularidad en la designación de Acuña.
Este episodio se suma a otras controversias en el Legislativo y expone nuevamente los vacíos de control interno en la elección de autoridades parlamentarias.
La falta de verificación previa permitió que un cargo clave fuera ocupado por una congresista que, según la ley interna, “no debió haber existido” en esa posición.
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