Los “logros” de Odebrecht en los ámbitos civil y financiero lo favorecieron

Así como la nueva normativa de la dupla PPK-Marisol Pérez Tello, en complicidad con un sector del Congreso y la inspiración doctrinaria “gauche caviar” del sistema de justicia, cambió la normativa de la colaboración eficaz en materia penal, al alimón hicieron lo mismo respecto de las reparaciones y los problemas civiles y financieros.

El pretexto fue evitar el “rompimiento de la cadena de pagos”. El caso del Gasoducto del Sur, por su magnitud y montos en juego, es el más significativo para ejemplificarlo.

Firmado el contrato en junio de 2014, cuando el caso Lava Jato ya había estallado en Brasil, los ejecutivos de Odebrecht en el Perú aceleran el financiamiento inmediato del proyecto gasífero, pero no logran el cierre financiero para el largo plazo por los eventuales problemas que crearía a los acreedores la cláusula anticorrupción del contrato.

Si en el campo penal lograron la ley de colaboración eficaz, en el ámbito civil y financiero cambiaron el DU N° 003, una norma dura que regía las relaciones de valorización y determinación de reparaciones civiles en el gasoducto, y sustituirlo por la Ley 30737, como escribió en su momento Manuel Romero Caro.

En ese contexto hay que ubicar también los cambios en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado que se observa en la Ley 30737, de marzo del año 2018, bajo el manto protector de la famosa 13° Disposición Transitoria de esta norma que se publicitó desde Economía y Finanzas como el pilar que “ayudó a mejorar las reglas de gobernanza y transparencia” y “garantizar la ejecución de los proyectos de inversión y la sostenibilidad de la cadena de pagos”, incluido obviamente la reparación civil y la deuda tributaria exigible, según nota de prensa del 14 de noviembre de 2019.

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