Uno de los factores que dificultan la fiscalización de la corrupción en nuestro medio es la confidencialidad y la reserva, muchas veces mal entendida, en el desempeño de la gestión pública.
Se proponen tres puntos específicos a considerar, entre ellos: la ampliación del plazo de corroboración y que se quite el término «aspirante» a colaborador eficaz.