¿Y ahora qué, presidente vizcarra?
Las ridículas excusas del presidente Vizcarra -“nunca lo supe; no me dijeron nada; creí que todo estaba bien”- para validar las hasta hoy siete forzosas renuncias ministeriales por presuntos vínculos con la corrupción entre el gabinete Zeballos -instalado trae el golpe de 30/9- revelan el talante incalificable de este personaje que soterradamente cabildeara con el fujimorismo para sustituir a PPK, quien le dio una oportunidad para servir al país como vicepresidente suyo. Esos pretextos revelan la espontaneidad de alguien a quien se le subieron los humos siendo gobernador de Moquegua, alucinando poder hacer lo mismo una vez instalado en el sillón de Pizarro.
Porque lo mínimo que debió hacer Vizcarra para conformar, renovar y/o completar sus gabinetes fue que los sabuesos de la Policía Nacional –entidad a la cual manipula a su antojo para perseguir a sus opositores- indagasen el pasado de quienes, de manera reiterada, ha venido escogiendo irresponsablemente para que operen como auténticos amanuenses. El hecho es que el gabinete que preside Vicente Zeballos -otro neófito a quien le sobra una insaciable verborrea, aunque carece del coeficiente intelectual indispensable para ejercer ese cargo- lleva operando solo cinco meses. ¡Y ha perdido a siete integrantes! Lo que significa más de uno por mes. ¡Y cuidado que sin Parlamento vigente, al cual responsabilizar de “obstruccionista” achacándole estas siete bajas ministeriales!
Pero ahora estaríamos ad portas de dos nuevos relevos en este consejo de ministros que inició sus labores 20 semanas atrás. La razón es semejante a los casos anteriores lindantes con la corrupción. El Ministerio Público se apresta a presentar acusación fiscal contra la ministra de la Producción Rocío Barrios, quien ayer ya puso el cargo a disposición. Barrios está imputada por presunto peculado doloso -apropiación en agravio del Estado- mientras ejerciera como directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la cuestionada gestión del procesado por corrupción Ollanta Humala. Fiscalía pide nueve años y tres meses de prisión para Barrios. Otro ministro investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios es Carlos Lozada, encargado de Transportes y Comunicaciones. Este caso se refiere al pago apresurado, además de extrañamente fraccionado, efectuado el último día del año 2018 por el hoy ministro Loayza mientras fungía de director ejecutivo de Provías Nacionales también durante el régimen Humala. Loayza hizo girar S/ 13’000,000 a favor de la constructora Obrainsa, investigada por el affaire “club de la construcción” y ex socia de Odebrecht. A este proceso se agrega una nueva denuncia de Fiscalía contra el todavía ministro Loayza, respecto a la suscripción de un contrato por S/ 242’891,245.08 para construir la vía Checca-Mazocruz, Puno, mientras aún dirigía Provías Nacionales.
A Vizcarra se le acabó el estribillo del “Congreso obstruccionista” para responsabilizar a terceros de sus propias tonterías. Como designar ministros sin investigar su pasado. Ahora sí debe rendir cuentas al país. Aunque si el Congreso express -que se instalará próximamente- fuese consecuente con su misión constitucional, debería investigar las consecuencias políticas y socioeconómicas de semejante inestabilidad ministerial.
