Vuelve el acoso político a la universidad

La fortaleza institucional de las universidades tiene su pilar de sustentación en la autonomía universitaria, motivo por el cual la Constitución Política del Estado peruano, comprendiendo la importancia de esta figura, la consagra de manera clara y contundente en su artículo 18. Ello busca otorgar protección a las entidades de educación superior frente al acoso político del que históricamente fueron víctimas las universidades en toda América Latina y, en particular, en el Perú.
Los promotores de la Ley N.° 30220, que dio lugar a la creación de la SUNEDU, no estuvieron exentos de esta tentación de control. Desde las instancias de poder se ejerció influencia política en el funcionamiento de la naciente institución, digitando la elección de los miembros de su consejo directivo y del superintendente, a pesar de que el artículo 1 de la referida ley establecía al Ministerio de Educación como un ente suprauniversitario, en teoría solo vigilante de la calidad académica.
Pasaron los años y, durante ese tiempo, la SUNEDU fue utilizada por ciertos grupos de poder político y económico para preservar intereses propios, debilitando la autonomía universitaria, que quedó reducida a su mínima expresión. La lucha tenaz y sostenida de diversas universidades logró que, en 2022, se promulgara la Ley N.° 31520. Esta restituyó la autonomía universitaria y derogó el artículo que otorgaba al Ministerio de Educación la condición de ente rector del aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.
Se esperaba que, con esta nueva norma jurídica, la SUNEDU reorientara su accionar y contribuyera efectivamente a elevar la calidad académica, en coordinación con las universidades y sus asociaciones. Sin embargo, la rígida estructura heredada de gestiones anteriores y el escaso compromiso institucional han impedido avanzar en ese propósito.
Hoy, la falta de avances en esa dirección ha reabierto la puerta a nuevas presiones políticas externas. Una muestra clara de ello es el Proyecto de Ley N.° 11989/2025-CR, impulsado por la bancada de Renovación Popular, que propone modificar los artículos 17 y 20 de la Ley N.° 30220. El proyecto redefine la estructura del consejo directivo de la SUNEDU y plantea que el superintendente sea elegido por una comisión especial integrada por los presidentes del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, de SERVIR, el defensor del Pueblo, la fiscal de la Nación, el contralor y rectores elegidos por universidades públicas y privadas.
De aprobarse este procedimiento, significaría un grave retroceso en la defensa de la autonomía universitaria. Estaríamos permitiendo nuevamente que instancias externas definan el rumbo de las universidades, contraviniendo el artículo 18 de la Constitución, que establece con claridad que las universidades gozan de autonomía plena.
Cabe recordar los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales tienen efecto vinculante para el Perú. Dichos principios sostienen que la autonomía es indispensable para garantizar la libertad académica y que solo mediante ella las universidades pueden cumplir con su misión de generar y difundir conocimiento.
Preocupa profundamente que se pretenda volver al tutelaje político sobre las universidades. Lo correcto sería fortalecer su autonomía, para que estas, a través de la docencia, la investigación y la extensión, contribuyan genuinamente al desarrollo del país. El tutelaje externo daña gravemente la enseñanza superior.

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