Voluntarismo del premier sobre la inversión privada

El premier Alberto Otárola en entrevista publicada el domingo pasado en un diario local, se ha referido a “dar incentivo para el retorno de capitales. Todo un shock de inversiones que nos va a permitir, según nuestro objetivo, subir en 1.2% el PBI, generar 140 mil puestos de trabajo y mover lo que hemos denominado el proyecto de masificación de la red de gas”.

Meritoria la preocupación por la economía, lamentablemente la mala información que le transmiten desde los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (MINEM) exponen al capitoste del gabinete como voluntarista.

La inversión privada, principalmente la extranjera, aquella que genera incremento del stock anual de capital invertido, desde siempre ha estado muy relacionada al sector minero-energético y a las telecomunicaciones.

El desinterés actual en la inversión extranjera solo se revertirá si hay control sobre los conflictos sociales que existen en torno a las actividades citadas, lo cual aún está lejos de conseguirse. Los ejemplos de Bambas, Antapaccay, Constancia, Tía María, Oleoducto Norperuano; o la oposición a la instalación de torres para telecomunicaciones, son elocuentes.

En cuanto a lo que el primer ministro dice que esta administración ha denominado “proyecto de masificación de las redes de gas”, es preciso mencionarle que la autoría del nombre no le pertenece, es un viejo cuño que viene repitiéndose como un mantra desde el 2014 y que fracasó en junio de 2021.

Sería conveniente que, desde la presidencia del Consejo de Ministros, le pidan al Minem que le envíen las cifras de inversión por el tendido de redes, derechos de conexión, costos de acometida y sistema de instalaciones de internas, por cada 100 mil usuarios. Usando cifras de Proinversión del 2021, se llega a la conclusión de que ascienden a 300 millones de dólares.

También es indispensable que el Minem le diga al Dr. Otárola que el financiamiento de la inversión citada en la trajinada masificación, pretenden que salgan del bolsillo de los ciudadanos y que el proyecto de ley (PL-679-2021/PE) que el Ejecutivo sostiene en el Congreso atenta contra la libre competencia en el suministro de gas natural.

Desde el MEF y el Minem están llevando al premierato al descrédito.