Vergüenza

Había una vez un país gobernado por un presidente incapaz que colocó en los cargos más importantes a personas igualmente incompetentes. Antes de la llegada de este presidente, el país contaba con un servicio civil de documentación rápido, eficiente y, sobre todo, honesto. Sin embargo, el presidente se fue y todo lo ganado quedó en el pasado.

Esta semana, diversas denuncias revelan que los peruanos que necesitábamos tramitar un pasaporte nos enfrentamos no solo a la lucha por obtener un turno en la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, sino también a momentos tragicómicos en los que no había papel, tinta ni luz. A esta tragedia burocrática peruana ahora se le suma el hecho de que los ciudadanos que tramitamos el documento fuimos engañados.

Según la RAE, una estafa es un delito que consiste en causar daño económico a alguien mediante engaño y con el objetivo de obtener beneficio. En este caso, no creo que se haya buscado obtener beneficio económico, pero sí se buscó reducir la presión mediática debido a la ineptitud demostrada en la gestión. Lo grave de esta situación es que ha sido el propio Estado el que ha emitido documentos de identidad con una validez similar a la de una hoja fotocopiada. Es una completa vergüenza que nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Votamos por cualquier persona y el resultado es tener servicios ciudadanos básicos de este nivel. En otras palabras, nuestra falta de decisión política tiene un alto costo y se paga de inmediato.

Volviendo al incidente que les relato, no fue la institución de Migraciones la que alertó sobre esto, sino los propios ciudadanos. Además de esta vergüenza pública (que se ha intentado solucionar sin causar revuelo), la institución muestra una desfachatez al tratar esta crisis: en lugar de buscar a los afectados, cada persona que tramitó un documento entre noviembre y diciembre debe ingresar a su página web y, si los datos no son reconocidos, debe descubrir cómo solucionarlo.

En Lima, esto se traduce en tener que ir a la sede central ubicada en Breña para confirmar lo que indica la página web. En caso de ser víctima de esta burla, todo el trámite debe realizarse nuevamente dentro de los plazos que Migraciones establezca. No hay empatía, no hay asunción de responsabilidades. La política de esconder los problemas bajo la alfombra prevalece.

Si alguien piensa que esto es insignificante, cambiemos el escenario. Si el Servicio de Inmigración de Estados Unidos hiciera esto, enfrentaría demandas millonarias por daños y perjuicios. Aquí eso no sucede, sino que los ciudadanos tienen que pagar el costo de buscar, reemplazar y recoger el nuevo documento. Antes de que se levanten las iras de aquellos que apoyan la actual gestión, me refiero a que no debería ser necesario pagar nuevamente la tarifa del trámite (eso ya sería un beneficio económico y podría constituir una demanda por estafa), sino los gastos asociados con la validación del documento.

¿Por qué una institución pública se ha atrevido a llevar a cabo esta acción? Simplemente porque no hay consecuencias. Y eso también es una vergüenza.

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