Verdad, justicia y reparación

En su libro “El Juicio de la Historia”, Joan Wallach Scott describe a la historia como un juez que juzga los diferentes acontecimientos del pasado que configuraron los sistemas políticos y sociales, prevaleciendo siempre un punto de vista sobre otro, un juicio de valor de los hechos históricos, es decir, si son moralmente correctos o incorrectos según los resultados.
Las consecuencias de cómo valoramos nuestra historia se apreciarán siempre desde la condición de vencedores y vencidos, víctimas y victimarios.
Sin embargo, esta mirada no siempre es justa con los protagonistas.
En la historia, los conflictos que han ocasionado graves vulneraciones de derechos humanos han sido narrados a partir de los fallos obtenidos ante las instancias judiciales supranacionales.
En la región, son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las encargadas de procesar a los agentes del Estado en razón de las denuncias presentadas por los ciudadanos que se consideran víctimas.
Como consecuencia de la determinación de la responsabilidad estatal, se debe abrir paso a la reparación moral y/o patrimonial de la vulneración del derecho.
En casos de crímenes de lesa humanidad y tras el reconocimiento de la responsabilidad estatal, la Corte suele resolver que se lleve a cabo un nuevo juicio justo, en un plazo razonable y de forma diligente.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, conformada para investigar los graves hechos de violencia que caracterizaron al más sangriento episodio de nuestra historia, como fue el terrorismo, señala a SL y al MRTA como los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos; pero sus conclusiones resultan más determinantes e incisivas con la responsabilidad de las fuerzas armadas y policiales.
Este informe ha servido para sustentar sendas acusaciones ante los órganos jurisdiccionales contra policías y militares.
Y esta es la parte de la historia en la que los inocentes son presentados como culpables por ser favorable al derecho de las víctimas.
Aun hoy en día, miembros de las fuerzas armadas y policiales siguen presentándose ante los tribunales, o se encuentran en prisión sin condena.
La justificación: la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, no puede haber justicia donde la impunidad se hace presente cuando no se cuenta con una sentencia firme.
Esto no solo vulnera el derecho a la verdad de las víctimas, sino el derecho de los policías y militares a quienes no se les ha podido probar la comisión del delito.
Ellos no merecen pagar por pecadores.
La presunción de inocencia es una garantía del debido proceso que también debe ser valorada en la ecuación de la búsqueda de la verdad.
De otro lado, la respuesta legal no puede ser una amnistía generalizada no solo porque su inconstitucionalidad es inminente, sino porque no aporta al proceso de reconciliación nacional pendiente, el cual debe conducirnos a reparar las fracturas sociales más profundas, secuelas de una historia que no podemos volver a repetir.

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