¡A ver, Castillo, atrévase a dar un golpe de Estado!
La prisión preventiva para la hija-cuñada, el alcalde de Anguía convertido en colaborador eficaz y la pronta detención de Lilia Paredes arrinconan más a Pedro Castillo, deslegitimando del todo sus arremetidas golpistas.
Con pruebas la hipótesis fiscal se confirma en el sentido que el presidente es cabecilla de una organización criminal orientada a infiltrar al Estado para saquearlo desde dentro. Plan que comenzó en el proceso electoral fraudulento y se aplicó desde la toma de mando con el concurso no solo de la mafia directamente involucrada de parientes y coterráneos, sino también de los 68 ministros de Estado, quienes son responsables solidarios por los delitos cometidos de acuerdo al artículo 128 de la Constitución.
Por lo pronto la ex PCM Mirtha Vásquez, así como el ex ministro de Economía Pedro Francke podrían ser sujetos de medidas cautelares en los próximos días. De modo que los miembros del Ejecutivo deberían renunciar inmediatamente si no quieren ser sancionados.
Entre tanto, la decisión de remover por quinta vez a los jefes policiales para forzar la salida del coronel Colchado es inconstitucional porque implica abuso de autoridad para beneficio personal y se basa en una ley derogada; de modo que no acatar la orden es una posibilidad legal no sancionable, pues la obediencia debida al jefe supremo de las FF.AA. y la PNP está condicionada a la legitimidad para obrar.
A su turno, los militares han adelantado en el Vraem que no se van a plegar a los llamados sediciosos de Castillo y su alocado premier; y por el contrario, están dispuestos a intervenir constitucionalmente -no a dar un golpe de Estado- si se sanciona una infracción constitucional, si se declara la vacancia o si hay grave conmoción social.
En estas circunstancias, agravadas por la airada reacción del pueblo tacneño, el país exige que el Congreso reaccione sancionando a Castillo en el proceso por traición a la patria; o adelantado sumariamente el proceso de vacancia.
Entre tanto la Fiscalía de la Nación debe presentar acusación constitucional ante el Parlamento y, asimismo, pedir la suspensión del presidente ante el juez de instrucción supremo por la demostrada flagrancia en la comisión de los delitos presidenciales.
Así, contra la opinión de muchos, y pese a la descarada intervención extranjera, creo que empezamos a ver la luz al final del túnel. Y, más aún diría, ¡atrévase, Castillo, a provocar un golpe de Estado para que la indignación nacional lo saque de inmediato!
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