Venezuela: Crisis con repercusiones globales

La crisis diplomática venezolana alcanza niveles alarmantes, afectando las relaciones internacionales en América. Las evidencias de fraude en las elecciones del 28 de julio durante el régimen de Nicolás Maduro, proclamado presidente sin actas verificables, siguen generando tensión internacional. Once países firmaron un comunicado en contra del fallo del Tribunal Supremo de Justicia: Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El progresivo deterioro institucional, las denuncias de fraude electoral, la represión de la población y la violación sistemática de derechos humanos polarizan la arena internacional. A pesar de las evidencias de fraude con el 85 % de las actas publicadas por la oposición, el régimen se niega a divulgarlas, confirmando sospechas sobre fraudes anteriores. Ello llevó a seis países a retirar a sus embajadores, rompiendo relaciones diplomáticas.
El asedio a la embajada de Argentina en Caracas, custodiada por el gobierno de Brasil, que ofreció asilo político desde marzo a seis asesores de la opositora María Corina Machado, pone en evidencia una represión sin límites. Las fuerzas de seguridad venezolanas, con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), rodearon la embajada, cortando el suministro eléctrico, lo que representa una flagrante violación de las normas internacionales y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las embajadas y la obligación de proteger las sedes diplomáticas. La amenaza de retirar la custodia de la embajada argentina es una medida que ni Lula está dispuesto a acatar.
La revocación de la custodia brasileña compromete el principio de “tercer Estado protector”, encargado de asuntos diplomáticos mientras las relaciones estén suspendidas. Viola el derecho internacional, poniendo en riesgo la seguridad de los refugiados, debiendo ser sancionada por la comunidad internacional.
Pero Maduro es apoyado por potencias extranjeras: Rusia bloquea sanciones en el Consejo de Seguridad, además del lobby chino en Naciones Unidas, demostrando las repercusiones globales en la crisis. La presencia de mercenarios extranjeros contribuye al aumento de la represión y la violación de derechos humanos.
El papel de Brasil como mediador clave es complejo, ya que custodia varias sedes diplomáticas tras el retiro de los embajadores de Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Perú. Lula da Silva tilda las acciones de Maduro como “decepcionantes”, pero mantiene fuertes lazos con los miembros de los BRICS. Su intermediación debe interpretarse con cautela, ya que busca integrar a Venezuela, Cuba y Nicaragua en esta coalición, reflejando su ambivalencia ante el autoritarismo.
La comunidad internacional busca soluciones ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Corte Penal Internacional (CPI) tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad, con una solicitud de Argentina para emitir una orden de arresto contra Maduro. Pero la falta de unidad entre países americanos debilita los esfuerzos para una transición democrática.
El reciente cambio en la política exterior peruana, con una postura ambigua hacia la dictadura de Maduro tras la destitución del canciller Javier González Olaechea, refleja la falta de cohesión regional para enfrentar el autoritarismo. Perú ha suavizado su posición, poniendo en peligro una solución democrática.
Mientras la crisis diplomática venezolana sigue escalando, la situación adquiere dimensiones globales con implicaciones para la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional. Las acciones de Maduro y la creciente represión son un ataque directo a los principios democráticos, poniendo en riesgo la paz en América.

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