Vendiendo humo

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estará hasta el 20 noviembre de este año en el cargo, si no suceden cosas… extrañas.
Los reflectores están puestos en el JNE al permitir la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., liderado por Antauro Humala. Ante esto, el congresista Alejandro Cavero de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra Salas Arenas por “admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral”, acusándolo de ser el responsable político de la inscripción, que acarrearía una infracción constitucional -antejuicio político- que conlleve a la destitución de Salas Arenas.
Las respuestas de Salas Arenas han sido absurdas, al afirmar que no existe en el Registro de Organizaciones Políticas un partido de nombre Antauro, sino de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).
No nos debería sorprender viniendo de Salas Arenas, quien permitió la inscripción de la plancha de Perú Libre solo con una vicepresidencia y que Pedro Castillo mienta en su Hoja de Vida y Declaración Jurada, entre otras irregularidades.
La acusación constitucional y la destitución de Salas Arenas sería ejemplar, ya que con su proceder ha rebajado el actuar del JNE, pero hay que pensar, que el problema principal es la inscripción del partido Antauro y la única forma de cerrarle el camino la tiene la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que tiene en agenda un proyecto de ley que impide que sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición y asesinato participen en cualquier proceso electoral.
Hace pocos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) envió al Congreso de la República el proyecto de Ley No. 7142/2023-JNE que propone la ampliación de 270 a 365 días el calendario electoral para incluir plazos de afiliación de partidarios y la realización de elecciones primarias antes de las elecciones generales del 2026. Aducen que así se “garantiza el desarrollo de las elecciones generales de 2026”. La iniciativa plantea cambios a la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas.
La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Constitución y Reglamento del Poder Legislativo para su estudio, que busca la incorporación de disposiciones transitorias a ambas normas para ampliar el periodo electoral y que la convocatoria a los comicios generales del 2026 se realice “con una anticipación no menor a 365 días calendario de la fecha del acto electoral”; es decir, que el llamado oficial al inicio del proceso electoral ocurra el 12 de abril del 2025 y que el día de las elecciones sea el 12 de abril del 2026.
El 18 de enero de este año se promulgó la Ley No. 31981, que modifica la figura de las elecciones primarias, estableciendo hasta tres modalidades (semiabierta, cerrada y mediante delegados) para que las organizaciones políticas elijan a sus candidatos. Este proceso se aplicará si no hay sobresaltos en los comicios generales del 2026.
En la Exposición de Motivos –a modo de broma- el Jurado Nacional de Elecciones señala que “…el periodo electoral tiene que ampliarse para garantizar una CORRECTA FISCALIZACIÓN de las candidaturas, de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida, de las distintas modalidades de las elecciones primarias que elijan las organizaciones políticas, entre otras actividades propias de un proceso electoral”, sostienen.
La fiscalización ha sido toda una coladera, empezando por la Hoja de Vida y la Declaración Jurada de Pedro Castillo, sumado al prontuario de algunos congresistas.
Por lo tanto, no nos venda humo desde la esquina de la Av. Nicolás de Piérola con Jr. Lampa.

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